Diversas organizaciones feministas marcharon el domingo 6 y el martes 8 de marzo en San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y la principal demanda tiene que ver con las desapariciones de mujeres y la falta de acción estatal para encontrarlas, enjuiciar y castigar a las culpables y evitar que sigan desapareciendo.
Las desapariciones de personas desmienten claramente la narrativa gubernamental sobre la “reducción de asesinatos” y la supuesta efectividad del publicitado “Plan Control Territorial”. Y las desapariciones de mujeres muestran la indolencia y la grave irresponsabilidad gubernamental frente a los feminicidios y demás vulneraciones a los derechos de las mujeres.
Sintomático de esta insensibilidad y desprecio por los derechos de las mujeres es que ni siquiera hubo alguna declaración gubernamental alusiva a la conmemoración. La ocasión ameritaba el anuncio de alguna política pública para las mujeres o el compromiso estatal de proteger sus derechos, pero no hubo nada de eso.
Al contrario -y como para confirmar el sesgo anti-feminista del oficialismo- en la Asamblea Legislativa, una diputada miembra de la Comisión de la Mujer (quien antes de ser diputada trabajó para algunas organizaciones feministas) amenazó con derogar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) porque “no sirve para nada”, según publicaron varios medios de comunicación.
El mensaje de “Señor Presidente: disculpe las molestias, nos están desapareciendo y enterrando en fosas clandestinas” choca con el silencio gubernamental y del propio Nayib Bukele, a pesar de que el mayor cementerio clandestino fue encontrado recientemente cerca de su casa en una residencial de la Cordillera El Bálsamo.
En campaña electoral, Bukele acusó al gobierno de turno de no proteger a las mujeres y prometió que el suyo iba a garantizar sus derechos. Sin embargo, como presidente hizo todo lo contrario: acusó de “ONGs fachadas” o “voceras de la oposición” a reconocidas organizaciones feministas, niega o minimiza los feminicidios y desapariciones y ahora podría desmantelar la normativa cuya aprobación fue un logro de las luchas del movimiento feminista.
Ojalá que esta indolencia presidencial, gubernamental y estatal ante las desapariciones provoque, más temprano que tarde, la indignación de todas las mujeres del país.
