El estado de excepción es una condición extraordinaria motivada por situaciones extremas que amenazan el orden social. Cuando el control social es inexistente, el estado puede recurrir a esta condición para recuperarlo, suspendiendo algunas o todas las garantías constitucionales, derivando así al control por coerción.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Para ilustrar sus alcances consideremos por ejemplo lo que supone la detención de una persona de interés judicial, la cual en período normal puede ser retenida para procesar hasta 72 horas, pero bajo el régimen de excepción hasta 15 días.
Está ampliación busca teóricamente aplicar las herramientas investigativas al alcance del estado, de la forma más eficiente y en el ánimo de que estas rindan con certeza absoluta los resultados de su aplicación.
Así las cosas, el actual estado de excepción impuesto desde el GOES responde a la serie de asesinatos cometidos por el terrorismo doméstico desde el viernes 25 al sábado 26, que habría cobrado la vida de entre 54 y 71 ciudadanos, la cifra más elevada desde el conflicto armado.
Es decir, acotamos que el régimen de excepción solicitado, es un tácito reconocimiento de que el tan publicitado plan de control territorial no funciona, pues no previó ni anticipo y tampoco atajo la sangría de los días reseñados.
Por otro lado, además de evidenciarse el fracaso del tal plan, el número de asesinatos pone en entredicho las capacidades de las fuerzas del orden, la segunda mayor beneficiarias de una mayor y más sustantiva inversión de parte de esta administración, que ha descuidado a educación, salud e infraestructura, favoreciendo en cambio a las finanzas y la seguridad estatal, y que esta situación desnuda incapaz de anticiparse y atajar la decisión del hampa de disputar al estado el control de las calles, del orden, de la seguridad, reduciendo al estado y sus fuerzas a apenas fuerzas reactivas, ciegas y sordas.
Nada de inteligencia recabada y menos aún procesada, lo que ahora impone la renuncia y procesamiento por desidia de los responsables de la cartera de seguridad pública para ser sustituidos por verdaderos técnicos de la misma, dejando de lado a los sobalevas que la administración ha preferido hasta ahora en desmedro de las necesidades de seguridad de la población, o las prioridades y recursos estatales.
No debemos olvidar en este punto que el anterior responsable de la FGR adelantó una investigación al ejecutivo por negociar con el terrorismo doméstico, que el actual fiscal general simplemente desecho.
Así entonces, debemos comprender que no solo se evidencia la incapacidad en materia de seguridad, como que la exclusión y la marginación constituyen la matriz de la violencia social que nos abate, pero además el que no se ha hecho nada para remediar tales males históricos, como que estos en la presente administración y debido a sus equivocadas apuestas, se han profundizado, añadiendo más violencia al cóctel de violencia.
No podrá una fuerza pública mal guiada controlar apenas por instantes este mal endémico, pues no es prioridad para la administración el corregir los males históricos que la promueven.
*Educador salvadoreño
