El discurso oficial del FMI, el Banco Mundial y otros poderes fácticos resulta contradictorio: por un lado solicitan austeridad y ajuste, pero por el otro, por temor a la conflictividad, demandan medidas fiscales dirigidas a los más.
La primera consideración a realizar sobre los pronósticos del FMI para el 2022/23, en la reunión de primavera en Washington, es la corrección a la baja de la economía mundial para el presente y el futuro mediato, no solo por la continuidad de la pandemia por el COVID y nuevos brotes, sino por el impacto en la economía mundial de la guerra en Ucrania.
El pronóstico para el 2022 se asume en el 3,6%, con China por encima, en el orden del 4,4% y la India con el 8,2%. La región latinoamericana y caribeña aparece por debajo del promedio, alcanzando un 2,5%, y las dos más grandes economías de América Latina y el Caribe, creciendo por debajo; Brasil con el 0,8% y México con el 2%. Recordemos que la región es la zona más afectada por el COVID y la zona donde se verifica la mayor desigualdad en el ámbito global. Para los países epicentro del conflicto bélico, se augura una caída del -8,5% para Rusia y nada menos que del -35% para Ucrania. A eso deben sumarse las sanciones generalizadas contra Rusia y variados apoyos de asistencia económica y militar a Ucrania, incluso financiamiento del FMI. Lo cierto es que las sanciones contra Rusia, promovidas por EEUU y acompañadas por sus socios occidentales, tienen impacto en la economía mundial, especialmente afectando a los sectores sociales y países más vulnerables. Un detalle no menor, apunta a cambios que operan en el orden mundial, sea en el plano de la producción y de la circulación, especialmente en la esfera comercial, de servicios y específicamente financiero. Las sanciones empujan nuevos alineamientos políticos y económicos, que al tiempo que debilitan la potencia hegemónica del dólar, agigantan la potencialidad de China en el campo económico.
Por ello aparece el interrogante sobre cambios en el orden global, y por eso la titular del FMI remite a una situación de mutación desde fines de la segunda guerra mundial, momento de emergencia de la dominación estadounidense y del dólar en el sistema mundial; incluso, más allá de la bipolaridad y competencia por ese entonces con la URSS (1945-1991).
Inflación y desaceleración de la economía
Resulta interesante considerar la preocupación del FMI sobre la evolución económica, centrada en el bajo crecimiento (desaceleración y elevada inflación). La suba de precios, especialmente de alimentos y la energía, golpea a los sectores de menores ingresos y a los países dependientes de la provisión externa de ambos. Recordemos que la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, por lo que no toda la población aparece castigada y así, el incremento de precios constituye salvaguarda para aquellos sectores que definen los precios en el mercado. Para el caso, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología y en el entramado petrolero y derivados. Es una situación que amplía la potencia de producción de hidrocarburos hacia yacimientos más costosos, justificados ahora por un mayor precio, arriba de los 100 dólares el barril, que atiende los elevados costos de explotación.
Al mismo tiempo, ante las restricciones productivas, se posterga cualquier intento de avance en la transición energética. Muy al contrario, se ratifica la producción en hidrocarburos y se potencian los efectos negativos sobre el medio ambiente y el cambio climático. La inflación se eleva en todo el mundo, agravada por la guerra en Europa, lo que tiene arrastre en los intentos de recuperar la tasa de ganancia sobre la flexibilización del cierre económico por la pandemia.
En efecto, si el 2020 fue altamente recesivo por el cierre compulsivo de las economías en el mundo, la perspectiva de la vacunación y morigeración de casos supuso la recuperación del 2021 y un imaginario de sostenido crecimiento. Ese crecimiento privilegió la apropiación de ganancias por encima de los ingresos populares. Por eso, la reactivación impuso alzas de precios ante los desacomodos de la demanda con la oferta, según explicaron durante el 2021. El presente agudiza el problema; por eso en el mensaje del pronóstico para este año, el FMI alude a una coyuntura de desaceleración e inflación. El impacto en territorio del conflicto es grave, por la especificidad productiva de Rusia y de Ucrania. En ese sentido, el FMI destaca:
“La guerra se suma a una serie de shocks de la oferta que han golpeado la economía mundial en años recientes. Como una ola sísmica, sus efectos se propagarán a lo largo y ancho del mundo, por vía de los mercados de materias primas y los vínculos comerciales y financieros. Rusia es un importante proveedor de petróleo, gas y metales, y, junto con Ucrania, de trigo y maíz. La reducción del suministro de estos productos básicos ha hecho que sus precios se disparen. Los importadores de materias primas en Europa, el Cáucaso y Asia central, Oriente Medio y Norte de África y la región de África subsahariana son los más afectados. Pero el alza de precios de los alimentos y los combustibles perjudicará a los hogares de menores ingresos de todas las regiones del mundo, incluidas las Américas y el resto de Asia.”
“Resultan curiosas las contradicciones en el discurso oficial. Por un lado se solicita austeridad y ajuste de cuentas públicas. Pero por el temor frente al conflicto se demanda atender la situación social con medidas fiscales (…) dirigidas a los sectores más necesitados.”
La desaceleración de la producción mundial es un fenómeno que viene de arrastre, incluso previo a la pandemia, con antecedentes en la crisis del 2007/09 e incluso a comienzos del siglo XXI, especialmente en EEUU. En ese contexto, el FMI y la corriente principal en la disciplina económica inducen políticas de austeridad, al tiempo que favorecieron una gigantesca ampliación de la emisión monetaria y de la deuda pública y privada (empresas y familias). La realidad se manifiesta entonces como una gigantesca burbuja que debe sostenerse: de lo contrario, se producirá una explosión con secuelas sociales conocidas, las que se anticipan con el crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento de millones de personas en el planeta.
Resultan curiosas las contradicciones en el discurso oficial. Por un lado se solicita austeridad y ajuste de cuentas públicas. Pero por el temor frente al conflicto se demanda atender la situación social con medidas fiscales -es decir con mayor gasto público- dirigidas a los sectores más necesitados y afectados por las restricciones que impone la realidad de crisis, pandemia y guerra.
¿Qué se puede esperar?
Nada que suponga expectativas favorables para los pueblos y los más necesitados. La realidad es de aumento del gasto militar en desmedro de otros necesarios para resolver necesidades alimentarias, sanitarias, educativas, de reformas productivas contra el desempleo y la miseria social. El propio gasto militar demanda un incremento de presupuestos para el corto y mediano plazo, alejando toda capacidad de planeamiento público para atender demandas sociales insatisfechas.
La pregunta que recorre varios debates en el movimiento popular alude a la urgencia de instalar un rumbo alternativo, que dispute los recursos públicos para otro orden económico, político, social y cultural. En sí mismo supone avanzar contra la lógica del capital y su objetivo de ganancias, acumulación y poder, para sustituirlo por una organización económica y social de cooperación, solidaridad, autogestión y organización comunitaria. Se trata de una visión que solo puede materializarse si gana consenso masivo en gran parte de la población, en cada país, región y en el mundo. Es una cuestión que volverá a aparecer en el cónclave del Foro Social Mundial que se inaugura el próximo 1 de mayo con una movilización callejera en la Ciudad de México.
Fuente: www.alai.info
