La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sido sentenciada a diez años de prisión por el caso ‘Golpe de Estado II’ en el que se le acusa de actuar contra la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta de la nación en 2019.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ha condenado por unanimidad a una década de prisión para la expresidenta, quien ha reiterado en la última exposición de alegatos su inocencia. «Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la Presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad», ha declarado la exmandataria, según ha recogido el periódico boliviano ‘La Razón’.
Asimismo, se han procesado a seis exjefes militares y policiales por los mismos hechos. El Tribunal ha condenado al excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a 10 años de cárcel.
Por su parte, el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce, ha sido condenado a dos años de prisión; mientras que el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, ha sido condenado a tres años. Jorge Fernández, quien fue exinspector general del Alto Mando boliviano, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, según ha informado el medio digital ‘Erbol’. Áñez, –en prisión preventiva desde marzo de 2021– está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.
Reacciones polarizadas
Como cabía esperar, la sentencia contra Áñez ha reabierto la enorme fractura política que todavía pervive en el país. Entre las primeras reacciones del Gobierno boliviano se ha encontrado la del ministro del Interior, Eduardo del Castillo, quien ha celebrado la condena como un precedente histórico. «Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Añez fue sentenciada a 10 años en el caso Golpe II por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional en nuestro país el año 2019 en el Golpe de Estado», escribió en sus redes sociales el ministro Del Castillo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, por su parte, ha señalado que «se ha completado una fase decisiva en el proceso de recuperación de la democracia» y defendido que el órgano Judicial «en el ejercicio de su independencia dictó una sentencia» enmarcada en «los principios y garantías del debido proceso». «Debido proceso, respetamos la independencia judicial, esperamos conocer texto de la Sentencia, para que las partes puedan presentar Apelación respectiva», ha manifestado en su cuenta en Twitter.
Mientras, desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Ever Choquehuanca ha celebrado el fallo contra Áñez y ha anunciado que impulsarán un nuevo proceso judicial para pedir 30 años de cárcel sin derecho a indulto contra Áñez y sus colaboradores por los más de 30 muertos durante la represión de las protestas contra su mandato, en declaraciones recogidas por el periódico ‘Pagina Siete’
Por contrario, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ha criticado el «crimen político» contra Áñez. «El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana al usar el sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una expresidenta constitucional. El retroceso de la democracia y del Estado de Derecho es vergonzoso», ha publicado en Twitter.
Y el gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, ha subrayado que no fue un golpe de Estado, sino «el despertar de los ciudadanos para salvar la democracia». «El abuso de la justicia masista al condenar a Jeanine Áñez no cambiará nada esta verdad», ha subrayado. Para Unidad Nacional se trata de una decisión procedente de «jueces manipulados por el poder contra la expresidenta», califican el día como «nefasto para la democracia boliviana» y arremeten contra el sistema judicial: «No puede haber nada tan degradante para la democracia, para la justicia y para la moral ciudadana que, quienes están llamados a imponer la ley, sean los que la rompen por conveniencia política y por corrupción».
Por otra parte, el activista Manuel Morales ha anunciado que se ha convocado ya una reunión para preparar movilizaciones contra «la sentencia inconstitucional» contra Áñez.
A nivel internacional, 23 expresidentes de países iberoamericanos han criticado la sentencia por «acusaciones inventadas» contra Áñez. En particular, critican el «el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional» que consideran que defendió Áñez tras la salida de Evo Morales del poder en 2019 y por ello han instado a la ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la UE a «repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional».
En lo que se refiere al capítulo de las ONG, el investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, ha expresado a través de Twitter sus dudas sobre los procedimientos. «Bolivia: Nos preocupa la forma en la que han sido llevados a cabo los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez. Toda investigación penal debe hacerse de conformidad con el debido proceso, incluida la presunción de inocencia y llevarse a cabo de acuerdo con los estándares que establece el derecho internacional», ha hecho saber.
Muñoz argumenta que los delitos por los que fue condenada Áñez — incumplimiento del deber y toma de decisiones contrarias a derecho — «están tipificados de manera muy amplia en la legislación boliviana y han sido mal utilizados tanto por el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Áñez en casos penales que parecían tener motivaciones políticas».
«Los tribunales superiores deben examinar de manera cuidadosa e independiente cómo se llevaron a cabo los procesos penales contra la expresidenta Áñez para garantizar el debido proceso y los recursos adecuados si concluyen que se violaron sus derechos», añade. El investigador de HRW recuerda además que su organización no encontró pruebas de los delitos por los que la expresidenta Áñez fue detenida en marzo de 2021 (terrorismo, sedición y concierto para delinquir), antes de ser acusada posteriormente del otro pliego de cargos.
