El juez segundo del Juzgado Quinto de lo Mercantil de San Salvador, Oscar Antonio Sánchez Bernal fue denunciado ayer ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de Prevaricato por representantes de la empresa Quimagro SA. de C.V.
El aviso ante la Fiscalía General de la República fue interpuesto por los abogados de Quimagro, Luis Mario Pérez Bennett y Nelson García.
Los abogados sostienen que: “el Juez Sánchez Bernal desacató una orden de un tribunal superior que le ordena realizar una audiencia para cuantificar los daños y perjuicios ocasionados a Quimagro, por un banco y el Juez lo que resuelve injustamente es que no existe ningún daño”.
Tal actitud, según el abogado Luis Mario Pérez Bennett, ha provocado un rompimiento de la jerarquía jurisdiccional, que es fundamental en la administración de la justicia; ningún tribunal inferior puede desacatar la orden de un tribunal superior. Eso es prevaricato, por eso hemos puesto el aviso para que la Fiscalía determine si existe delito y las razones por las cuales se desacató la orden de un tribunal superior por un Juez.
Antecedentes
Esta batalla no es de ahora, tiene más de tres décadas. La lucha legal inició en 1984, contra el Banco de Comercio, ahora Cuscatlán, dictándose una resolución el 15 de abril de 2013, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de la empresa dedicada al rubro de los pesticidas. En el año 2016 la Sala de lo Constitucional mediante una resolución de seguimiento emitió un amparo que anuló una resolución de la Sala de lo Civil. Esta sentencia (Sala de lo Civil) fue emitida por un mandato de la Sala de lo Constitucional en un conflicto de la empresa QUIMAGRO con una entidad financiera, el cuál es un conflicto civil y mercantil.
La primera sentencia sostenía que el caso debía pasar a la Sala de lo Civil para que esta emitiera una sentencia favorable o desfavorable, posteriormente la Sala de lo Civil analizó el caso y emitió una sentencia favorable a QUIMAGRO donde condenaba a la institución financiera y la misma debía reconocer a QUIMAGRO daños y perjuicios y costas procesales.
Sin embargo, esta sentencia fue anulada en el año 2016, bajo el argumento que se le está dando seguimiento al caso. Ante esto la Sala de lo Constitucional pidió un informe a la Sala de lo Civil, la Sala de lo Constitucional al ver que la sentencia era favorable para QUIMAGRO decidió anular el dictamen.
En la Sala de lo Constitucional de entonces fungía como magistrado Belarmino Jaime, vinculado laboralmente como asesor jurídico de varios bancos y quien fue denunciado por diversas organizaciones de mover los hilos de esa Sala de lo Constitucional a favor de la banca.
En su momento FESPAD manifestó: “a nosotros como FESPAD nos interesa el establecimiento de un Estado democrático, constitucional y social de Derecho, nosotros queremos abrir brecha con esta responsabilidad que deben tener las empresas en el cumplimiento respeto y garantía de los Derechos Humanos” y enviaron una Carta a la Sala de lo Constitucional previniéndoles de la posibilidad de caer en prevaricato.
De hecho la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ACOESSV) realizó el foro ¿Existe prevaricato por parte de la Sala de lo Constitucional en el Caso QUIMAGRO? Y durante el foro se presentaron distintas perspectivas. Afirmaron que en ese momento se le había irrespetado el debido proceso, y denunciaron arbitrariedades en cuanto a su caso por parte de algunas entidades judiciales.
“Sabemos que el caso desde la perspectiva civil y mercantil tiene reserva de ley, por lo tanto no nos vamos a referir a los incidentes que se han dado en esa materia, sino que estamos haciendo un análisis constitucional” sostuvo Saúl Baños.
Este caso CUSCATLÁN- QUIMAGRO tiene más de treinta y tres años de andar del timbo al tambo en el órgano judicial, incluso las entidades bancarias cambiaron de rostro y de nombre, con la intención de evadir la justicia.
Ahora con este embargo millonario a favor de QUIMAGRO y en contra del CUSCATLAN vienen otras batallas jurídicas para hacer efectivo el cobro de lo determinado por la justicia, pero las entidades bancarías utilizan toda clase de tretas y artimañas jurídicas para alargar los plazos y no hacerlo efectivo.
Historias similares debieron enfrentar el caso SERVIPRONTO- Mc Donald´s en donde la transnacional de comida rápida debió pagar cerca de 30 millones dólares y el caso SALAVERRÍA-DAVIVIENDA, el banco colombiano debió pagar 49 millones de dólares, y ya en la etapa final (el embargo y la cobranza) Salaverría (lo mismo Servipronto) debieron sortear un sistema judicial corrupto en lo mercantil y abogados perniciosos. (En ambos casos jueces y abogados fueron demandados incluso penalmente).
Especialistas sostienen que esta notificación judicial, en donde se procede al embargo contra el banco CUSCATLAN es un gran paso jurídico.
Ahora con este embargo El Banco Cuscatlán queda en una posición bien comprometida frente a los depositantes y frente al sistema financiero nacional e internacional.
Directivos del Banco Cuscatlán fueron demandados penalmente.
Destacados empresarios hondureños, propietarios del Banco Cuscatlán, podrían enfrentar la justicia por falsear informes y por no pago en el caso QUIMAGRO.
Los abogados Nelson García y Pérez Bennett, presentaron a la FGR un aviso penal, por la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios del Banco Cuscatlán y por falsear la verdad financiera de dicha entidad bancaria, y por no pago.
A la Junta Directiva del Banco Cuscatlán se les demandó penalmente por la presunta comisión de delitos por falsear la verdad financiera de dicha entidad bancaria, al no cumplir con las obligaciones y responsabilidades de la materia, alterando la verdad en la presentación de sus balances financieros al público usuario y población en general.
