El final del último conflicto armado entre otros y como producto de la negociación de los enfrentados, supuso ordenar la casa, asignando un rol específico a cada uno de los actores partícipes, y en el propósito de que en el futuro no volviera la institucionalidad, a corromperse.
Por: Luis Arnoldo Colato*
Así las cosas, al estamento militar se le asignó el rol que ya le establece la constitución: salvaguardar la integridad territorial.
Simple y directo.
¿Por qué?
Porque al asumir en el pasado otros roles, como por ejemplo el de administrador del estado luego de los respectivos y cruentos golpes de estado, no solo lo hizo siempre mal, también aseguro la perpetuación de condiciones de corrupción, injusticia, intolerancia e inseguridad generalizadas.
Esto se puede confirmar en las diferentes delaciones que múltiples autores han recogido sobre su papel como jugador activo, que ha desempeñado a través de la historia de nuestro país. Tampoco podemos dejar de reseñar lo que ello ha implicado para el desarrollo de nuestra economía, siempre favoreciendo a las élites y en consecuencia promoviendo el atraso y subdesarrollo a través de desfavorecer, expoliar, reprimir, explotar y abandonar a las grandes mayorías, lo que transformó a nuestro país en el más desigual de las Américas, y consecuentemente, el más violento (BM, FMI, BID).
Sin embargo, es el caso que luego de finalizado el último conflicto civil armado, aunque no entregó a los perpetradores de las masacres y demás crímenes en los que se viera implicada la entidad armada, algo más del 96% de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad (NU), contribuyendo así y profundizando la impunidad por elusión, lo cierto es que se redujo a cumplir el rol que se le asignará en aquellas negociaciones, lo que se tradujo en mejorar su prestigio.
Es el punto empero que, para continuar padeciendo la violencia que nos aflige, la historia así lo apunta, solo debemos evadir abordar la multicausalidad que la provoca perpetuando precisamente entre otros, la violencia social que padecemos, por lo que admitir que los actores activos se desmarquen de su rol constitucional, sencillamente favorece perpetuar esas condiciones, reduciéndonos a ser sujetos de la violencia que nos azota y que aparentemente la milicia controla.
Vaya contradicción.
La corrección implica apartar a quienes solo han profundizado las causas de la violencia estructural, siendo la primera la entidad armada, a la que, de no finiquitar por ser anacrónica e ineficiente, suponiendo un gasto que la República no puede ya asumir pues sus prioridades suponen su supervivencia de cara al futuro, deberá aquella finalmente someterse al poder constitucional y civil, renegando públicamente de su pasado corrupto y criminal, así como renunciando a su complicidad y asocio con las élites que la corrompieron para asegurar los privilegios de aquellas y la perpetuación de las condiciones de desigualdad que como sociedad padecemos.
Entonces, concordemos, la opción militar, la historia lo confirma, no ha sido correcta para abordar el tema de inseguridad social, que debe suponer una represión proporcional, acompañada del debido abordaje y trato multicausal.
*Educador salvadoreño
