El Gobierno de Panamá instala en la Ciudad del Saber de esta capital una nueva mesa de diálogo con movimientos populares que protagonizan una ola de protestas contra el alto costo de la vida.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido la víspera, las conversaciones están convocadas para las 15:00, hora local, con la mediación de la Iglesia Católica en la figura del arzobispo José Domingo Ulloa, la que respondió de manera afirmativa con el objetivo de “construir consensos necesarios para la convivencia pacífica’
En el mensaje sobre esta decisión se precisó que participarían “los grupos organizados, asociaciones y movimientos representativos, que en los últimos días se han manifestado en diferentes partes del país, para que juntos encontremos soluciones viables y factibles a los problemas que aquejan a la sociedad”.
Además, exhortó a la cordura para no afectar el diario convivir y evitar los daños a terceros, a la paz social y al proceso de recuperación económica.
También subrayó la disposición del Ejecutivo a ofrecer medidas que alivien la convulsa situación nacional, y confirmó que se congela por tres meses para todos los autos particulares el precio de la gasolina a 1,43 dólares el litro (3,95 dólares el galón), así como el valor de unos 10 productos de la canasta básica familiar.
Indicó por otra parte que adoptarán unas 10 medidas de austeridad en el Órgano Ejecutivo para contener los actuales gastos de fondos públicos, entre ellas la reducción de un 10 por ciento de la plantilla estatal.
Tras múltiples denuncias por despilfarro y corrupción en la administración pública, esta última medida es vista con recelo, pues podría dejar sin empleo a unas 27 mil personas.
Para el experto laboral Luis Eduardo Valle esas 27 mil plazas del gobierno que se podría reducir estarían muy por debajo del crecimiento que ha tenido la plantilla estatal durante estos tres años de la administración del presidente Laurentino Cortizo.
Por su parte, la vicepresidenta del partido de izquierda en formación Frente Amplio por la Democracia, la economista Maribel Gordón, señaló “despedirán a miles, menos a los que abultan la plantilla con altos salarios (las botellas), mientras la tasa de desempleo y la informalidad laboral seguirán creciendo».
Las protestas comenzaron la semana pasada impulsadas por la alianza Pueblo Unido por la Vida; y en la occidental provincia de Veraguas, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), que agrupan gremios y organizaciones populares de todo el país.
Las manifestaciones han ido creciendo con el paso de los días, a lo que el Ejecutivo intentó avanzar en un primer diálogo con Anadepo, pero fracasó, y sus líderes se aferran a que toda negociación futura sea en Veraguas.
De otro lado, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares realizó la víspera una huelga de advertencia de 24 horas en todo el istmo, respaldada por acciones similares de gremios docentes, transportistas y profesionales de la salud pública. (PL)
