El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sesionado sobre el nivel de cumplimiento de los derechos civiles y políticos en El Salvador, tras considerar el séptimo informe periódico de Estado.
En el año 2018, el Comité había expresado su reconocimiento por la oportunidad de reanudar su diálogo constructivo con la delegación del Estado, destacando avances en la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y manifestando sus principales motivos de preocupación y recomendaciones para la implementación del Pacto.
Sin embargo, para está sesión número 135 los miembros del Comité dieron una calificación baja en materia de cumplimiento y avances en la aplicación de protección a derechos humanos. Se evaluó la violencia hacia la mujer y el Comité recomendó intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer, incluidos los cometidos por miembros de maras y pandillas.
También al Comité le preocupó la criminalización total de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, así como las desproporcionadas condenas de hasta 40 años de prisión que se imponen, bajo acusación del delito de homicidio agravado, no sólo a las mujeres que tratan de abortar, sino también a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo.
Ante esto, el Comité propuso distintas recomendaciones y calificó muy bajo al país, ya que las mujeres siguen sufriendo violencia desde distintos flancos.
Además, los miembros del Comité mostraron su preocupación por el aumento del número de personas asesinadas por la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas y por las informaciones respecto a denuncias sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como por la existencia de “escuadrones de la muerte”.
El Comité destacó en este sentido, la impunidad de dichos presuntos crímenes, y advirtió la importancia de “reforzar la capacidad de investigación e independencia de la Fiscalía General para la adecuada investigación y judicialización” de todos estos casos.
El magistrado Carlos Gómez Martínez, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, señala que toda esta información es muy preocupante, ya que miles de personas siguen muriendo como consecuencia de que el Estado no adopte medidas de seguridad pública eficaces.
Gómez Martínez dice que el Estado ha fracasado en cuidar a sus habitantes.
El Comité también resaltó la importancia de garantizar la asistencia y protección efectiva a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sean víctimas de amenazas, violencia e intimidación y la adopción de medidas legislativas especiales para su protección.
Es preciso que El Salvador adopte medidas para superar los señalamientos del organismo de Naciones Unidas y se fortalezca el Estado de derecho que hoy por hoy muestra un grave debilitamiento.
En 2023 el Estado deberá presentar su siguiente examen periódico ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Fuente: Radio YSUCA
