El coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, dijo que la continuidad del régimen de excepción es inconstitucional y que las injusticias siguen aumentando.
Movimientos sociales de El Salvador realizaron este jueves una manifestación frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en rechazo a la decisión tomada el martes pasado por la Asamblea Legislativa, que aprobó una cuarta prórroga del estado de excepción que rige en el país desde marzo pasado.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz se concentró frente al edificio del poder Judicial salvadoreño al desaprobar la nueva extensión del régimen de excepción por 30 días más. De igual manera participaron familiares de personas que han sido privadas de su libertad, arrestadas en este período.
A juicio de la organización, “la continuidad es inconstitucional porque solo puede prolongarse 30 días más y si las circunstancias lo permiten y es una medida que encubre acciones de corrupción”.
El coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, José Santos Melara, dijo que la continuidad del régimen de excepción es inconstitucional porque podía prolongarse por únicamente un periodo de 30 días en caso de que las circunstancias lo permiten, y ya ocurrió la cuarta prórroga.
El dirigente precisó que condena esta medida por los abusos de poder y el autoritarismo expresado por los cuerpos de seguridad, y las capturas indiscriminadas a personas inocentes que por el simple hecho de vivir en comunidades pobres han sido objetos de capturas.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz convoca a la comunidad internacional a rechazar las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en el marco de dicha excepción contra personas que no se les ha testificado delito alguno, además de lo que representa esta medida para sembrar miedo a las personas.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz creó una oficina jurídica para apoyar a quienes consideren que han sido capturados de forma arbitraria.
El integrante del colectivo, Stanley Quinteros, refirió que quieren dar «un servicio social al pueblo que está duramente golpeado con las capturas de gente inocente, al cual se le está afectando la economía ya que miles de familias salvadoreñas no tienen dinero para estar viajando, pagando a abogados”.
