Fuentes internas de la institución confirman que a los familiares no se les ha brindando mayor información sobre las causas de muerte. Autoridades tampoco se han pronunciado.
Fuentes internas del Instituto de Medicina Legal (IML) confirmaron que hasta ayer tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo. Esas son cuatro más desde que este medio publicó el listado de 69 nombres confirmados hasta el 10 de agosto.
Aseguran que a los familiares no se les detalla la causa de muerte ni se da mayor información cuando les entregan los cuerpos, lo cual sugiere que incluso podría existir un subregistro con cifras más altas.
“No se tiene un dictamen que determine la causa de la muerte, solo los han sacado así nomás y a la familia les dicen que ha fallecido, pero no les dicen las causas de esos fallecimientos. Los casos han quedado inconclusos”.
Empleado del Instituto de Medicina Legal, que pidió anonimato.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) publicó a través de su cuenta de Twitter que una mujer les informó que su esposo, de nombre Rafael Edgardo Aguirre Guinea, había muerto dentro del Centro Penitenciario La Esperanza (Mariona) la semana pasada, sin que le avisaran.
La víctima era originaria de Ahuachapán y murió el 23 de agosto, según representantes del MOVIR.
En los 73 muertos confirmados hasta ayer ya están incluidos los dos últimos fallecidos que ha reportado MOVIR, junto a Rafael Edgardo Aguirre Guinea.
«No se tiene un dictamen que determine la causa de la muerte, solo los han sacado así nomás y a la familia les dicen que ha fallecido, pero no les dicen las causas de esos fallecimientos. Los casos han quedado inconclusos», aseguró una de las fuentes de Medicina Legal.
En las últimas semanas cientos de familias han marchado para exigir a las autoridades que liberen a las personas que han sido capturadas y que no tienen vínculos con pandillas.
El miércoles muchas de estas personas se presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para presentarles la documentación legal de 120 reos. Ya en la institución pidieron hablar con el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, pero no fueron recibidos.
Una investigación realizada por LPG determinó que hasta el 10 de agosto, Medicina Legal había determinado que 35 de los 69 privados de libertad muertos hasta esa fecha tenían signos de tortura y de haber sido asesinados.
Entre las causas encontradas estaban estrangulamiento, costillas quebradas, heridas en el abdomen y cabeza, pero muchos de los expedientes de estas muertes solo reportaban «edema pulmonar».
En el informe del IML otras 22 personas perdieron la vida por «negligencia», por no recibir medicamentos para su padecimiento, y otros 12 fueron por «causas no determinadas».
El Diario de Hoy publicó el 23 de agosto que tres mujeres capturadas en el régimen murieron durante su internamiento en Ilopango, pero el IML no las confirmó.
Fuente: LPG.
