Bolivia y Argentina vivieron esta semana momentos importantes en la lucha por preservar la democracia frente a los embates de las derechas locales y los intereses foráneos.
En la nación andina, el presidente Luis Arce expresó que “la derecha siempre buscará excusas para debilitarnos y desgastarnos, con la complicidad de varios actores en la sociedad”, pero, aseguró, su gobierno jamás va a permitir la repetición de un golpe de Estado como el que depuso en 2019 a Evo Morales, quien también estuvo presente en la multitudinaria movilización que tuvo lugar el jueves pasado en La Paz en apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahí, el ex mandatario y líder masista aludió al afán de Washington para hacerse con los recursos mineros bolivianos –de manera señalada, el litio–, y afirmó que “la unidad es la mejor defensa ante las amenazas de Estados Unidos”.
Más al sur, en Buenos Aires, el gobierno porteño y el Poder Judicial continúan su embestida para encarcelar y destruir políticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la reapertura de un caso que ya había sido desechado, por resultar jurídicamente insostenible, dos fiscales cercanos a la oposición pidieron el lunes 12 años de prisión, así como la proscripción e inhabilitación definitiva de la dirigente peronista por un presunto fraude con obra pública en la provincia de Santa Cruz. La inocultable motivación política del incesante golpeteo de jueces y fiscales derechistas contra la ex presidenta y su entorno ya ha motivado que el aparato que debería administrar la justicia reciba el mote de “Partido Judicial”, y al mismo tiempo ha suscitado la solidaridad internacional de dirigentes progresistas como Arce, el colombiano Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Este último comparó el acoso judicial contra Fernández con el proceso de desafuero levantado en su contra para impedirle participar en las elecciones presidenciales de 2006.
Con todas las distancias entre los paros y conspiraciones con que la oposición del bastión conservador de Santa Cruz busca desestabilizar al gobierno del MAS en Bolivia, y el del lawfare (uso de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías) contra quien gobernó Argentina de 2007 a 2015, los actos a uno y otro lado de los Andes muestran una similitud: se trata de la búsqueda de las derechas para descarrilar proyectos de nación soberanistas, con orientación popular, y para conseguir a través de los tribunales o las presiones lo que no consiguieron en las urnas. Este escenario, de suyo deplorable, se vuelve peligroso al añadirse el ingrediente central de la práctica totalidad de los golpes de Estado perpetrados en América Latina a lo largo de su accidentada historia: la complicidad de la embajada de Washington. La semana pasada Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, llamó al jefe de Gobierno bonaerense, Horacio Larreta, a formar una coalición para desalojar del poder al peronismo en las elecciones de 2023, expresiones interpretadas por el oficialismo como una incitación golpista.
Cabe desear que los gobernantes y las sociedades boliviana y argentina logren sortear estas amenazas y hagan prevalecer la legalidad, la democracia y la institucionalidad. Más allá del desenlace de estos actos, los mismos suponen una advertencia para los pueblos latinoamericanos acerca de que no basta con derrotar a las derechas mediante el voto, pues éstas se enquistan en instituciones refractarias al cambio como el Poder Judicial, y no dudan en echar mano de sus cargos para subvertir la voluntad popular.
