Con la introducción del bitcoin como “moneda” de curso legal en el país, el gobierno adelantó tres promesas: democratización, inclusión e inversión en materia financiera. De entonces a la fecha y de acuerdo al BCR, las remesas transferidas por la diáspora hacia nuestro país giran en torno a los $1, 100, 000, 000. 00.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
De estos apenas 1,6% habrían sido transferidos mediante el bitcoin de acuerdo a la misma fuente.
La población, cuando el gobierno anunció la transferencia por intermedio de la chivo wallet, de $30. 00 a manera de estímulo, sustrajo tal cantidad para luego dejar en abandono total esa cripto cuenta.
Las irregularidades que se denunciaron, como la sustracción del dinero a través de prestanombres y suplantaciones, nunca fueron investigadas por lo que esa erogación ilegítima ha quedado impune.
Toda la infraestructura montada, red de casetas, equipos y tecnología cuyo valor no ha sido develado, al que debemos sumar los equipos humanos que le dan, o dieron, soporte técnico además de aquel que promovió su uso, han caído en desuso a apenas un año de iniciado el proyecto, y la inversión que este supuso debemos comprenderla como una pérdida total.
El gobierno habría comprado alrededor de 1540 BTC, por un monto aproximado de $450, 000, 000. 00, los cuales asegura se encuentran bajo buen recaudo, es decir, conserva lo invertido en el criptoactivo y no habría sufrido la pérdida que la dinámica de criptos ha impuesto al BTC desde el año pasado, algo más del 46%, de acuerdo a CRYPTO.COM.
Sin embargo y contradictoriamente, también alega el gobierno que el hospital de mascotas es producto de la comercialización de esta.
Apenas y en los tres primeros meses desde su introducción en el país, sin duda por la novedad, el 16% de las transacciones comerciales se realizaron de acuerdo al BCR con el BTC, cifra que de entonces a la fecha ha ido disminuyendo hasta algo menos del 2%, a pesar de lo invertido y de los estímulos aplicados desde el gobierno para extender su uso.
Al desoír el régimen las diferentes advertencias hechas por los organismos multilaterales financieros en torno a su uso como moneda de curso legal, el gobierno ha cerrado las puertas a nuevos arreglos con estos, lo que es patente en las largas y penosas conversaciones que este tiene con aquellos para adquirir créditos que refresquen nuestra deteriorada economía.
La población a pesar de sus límites comprende que esta no es una moneda, es un criptoactivo, un bien especulativo carente de ningún respaldo que supone riesgos que el mercado evidencia y hace patentes.
A un año de iniciada la propuesta esta no atrajo ninguna inversión, alejando a los potenciales inversores por el riesgo en el que ha caído el país debido a lo volátil que se ha vuelto nuestra economía.
La DEA reseña a nuestro país por el aumento de lavado de activos del crimen organizado, principalmente el narco, desde la introducción de la BTC en el país.
Qué más decir: un fracaso total.
*Educador salvadoreño