Organizaciones dieron su testimonio ante Comisión de derechos humanos del congreso de los Estados Unidos. Representante dijo que podrían condicionar o incluso sancionar al país.
Por: David Bernal
Estados Unidos puede y debe tomar medidas más contundentes contra el gobierno de El Salvador por las vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. Esa fue una de las principales conclusiones que miembros de organizaciones de la sociedad civil expresaron ayer ante la Comisión Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos de América (EUA), que los citó para conocer el impacto que ha tenido la medida de seguridad sobre los salvadoreños durante los últimos cinco meses.
La Comisión, copresidida por los congresistas James P. McGovern, demócrata, y Christopher H. Smith, republicano, escuchó a tres miembros de organizaciones que han trabajado de cerca con víctimas del régimen de excepción y también a un periodista. Los cuatro coincidieron que si bien hay resultados y apoyo popular a la medida, también hay múltiples señales de alarma que deben ser tomadas en cuenta por Estados Unidos y por la comunidad internacional.
“Podemos urgir, podemos condicionar, podemos sancionar y lo haremos porque creemos que la democracia salvadoreña vale que luchemos por ella. La idea de desechar la democracia para luchar contra las pandillas es equivocada”.
James P. McGovern, copresidente de la comisión Tom Lantos.
«El desmantelamiento del Estado de derecho en El Salvador coincide con una tendencia regional preocupante. Además de los regímenes claramente autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, nos preocupa profundamente la situación de países donde líderes electos democráticamente, una vez en el poder, dan la espalda las garantías democráticas como la independencia judicial y arremeten contra la prensa independiente y la sociedad civil», expresó Tamara Taraciuk Broner, directora adjunta para las Américas de la Human Rights Watch.
Broner dijo ante la Comisión que es necesario que Estados Unidos transmita un «mensaje claro que indique que no será aliado de gobiernos que no respeten la independencia judicial» e instó a tomar medidas como la suspensión de ayuda militar y «ejercer presión multilateral» con otros gobiernos latinoamericanos para asegurar «una mayor supervisión de préstamos existentes y de otros nuevos».
Esta petición se unió a la de Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, quien propuso al congresista McGovern que se cree una comisión internacional para investigar el régimen de excepción en el país ante la «opacidad actual».
Bullock destacó que «el estado de excepción puede tener apoyo popular en el corto plazo, pero con el tiempo generará costos políticos, sociales y económicos en la sociedad salvadoreña, afectando desproporcionadamente a las comunidades más pobres de El Salvador».
COMPROMISOS
Además de Broner y Bullock también participó Leonor Artega, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y el periodista Héctor Silva Ávalos.
La primera mostró su preocupación porque en El Salvador «el debido proceso y la presunción de inocencia han sido virtualmente eliminados para quienes han sido detenidos bajo el estado de excepción»; mientras que el segundo se refirió los ataques hacia la prensa crítica y los medios de comunicación independientes.
“Estados Unidos puede y debe tomar medidas más contundentes. Debe transmitir un mensaje claro que indique que no será aliado de gobiernos que no respeten la independencia judicial,
y que adoptará medidas”.Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de Human Rights Watch.
«Esto no es un accidente o un mal pasajero, hablamos de un presidente y de un régimen que busca acumular poder y perpetuarse en él. ¿Cuántas veces vimos esa película en Latinoamérica?», expuso.
El demócrata James P. McGovern dijo, tras escuchar a las partes, que identifica un «retroceso democrático en El Salvador» y que indudablemente eso demanda una «atención urgente de los Estados Unidos y la comunidad internacional».
«Podemos urgir, podemos condicionar, podemos sancionar y lo haremos porque creemos que la democracia salvadoreña vale que luchemos por ella. La idea que el único modo de controlar a las pandillas es básicamente desechar la democracia es equivocada y es trágico que esto pase», expresó.
McGovern se comprometió a discutir el tema con el resto de los miembros de la Comisión y analizar medidas a seguir.
Opacidad
En la audiencia de ayer también participaron Emily Mendrala y Scott Busby, funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos investigaron y documentaron la situación en El Salvador y ambos dijeron que se han identificado abusos, pero que además hay muy poco acceso a información pública sobre lo sucedido.
Fuente: Prensa gráfica
Tomado de: Resumen Latinoamericano
