Hace 201 años, el actual territorio del Estado de El Salvador, estaba constituido por el extremo Sur Suroeste de la provincia de Guatemala, el partido de Santa Ana, la provincia de San Salvador, los partidos de San Miguel, Usuluán, San Alejo y el Sur Sureste, del partido de Tegucigalpa; no sólo hemos evolucionado territorialmente: hemos formado un Estado, que también ha sufrido transformaciones, que no siempre han sido favorables a la democracia y a las ideas republicanas que dieron origen, a nuestra independencia, por lo que es necesario analizar tales circunstancias.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El distanciamiento de la influencia geopolítica francesa, de la autoridad administrativa española y, el rechazo al Imperio mexicano, fueron origen de nuestra independencia, bajo los principios liberales democráticos y republicanos, consagrados en la Constitución y simbolizados en nuestro pabellón nacional.
Pero al iniciarse este tercer centenario, en su celebración, el pabellón nacional, sufre humillación al no ser objeto de los honores protocolarios a su ingreso y retiro. Al Acto Cívico. Preside el Presidente junto a su familia, como la familia Presidencial, título que no puede ostentarse dentro de la República: formalidad que se reserva exclusivamente, para la Realeza. En dicho acto, se ratifica la violación a los preceptos constitucionales, relativos al sistema político y se afirma el poder originario del populismo, una teoría propia de la democracia participativa, utilizada por las dictaduras populistas latinoamericanas.
La posición política de Nayib Bukele ha sido posible, sólo por el deterioro del sistema político partidario salvadoreño, luego de años de constantes ataques: primero entre partidos y luego de Bukele, contra todos los partidos que, sin fuerza, no pudieron oponerse a la destrucción sistemática de las instituciones de contraloría, dentro del Estado, hasta no poder garantizar la independencia de poderes. Al pronunciar su saludo, Bukele, se refirió al Ministerio Público (Fiscalía y Procuradurías) y Corte de Cuentas, como parte de su Gabinete, al igual que los Alcaldes presentes.
El anuncio de su reelección, sumado a las trasformaciones de las entidades públicas, indica una clara violación al orden constitucional y el Estado de Sitio, innecesario y permanente por sus efectos, en más de 50,000 personas detenidas, no permitiéndoles una defensa efectiva según la legislación nacional, es violatorio de los Derechos Humanos.
La alteración del sistema republicano y, la violación a los Derechos Humanos, se ajustan al presupuesto del Artículo 87 de la Constitución: el derecho de insurrección. Para el propósito de restaurar el orden constitucional, mediante funcionarios transitorios. Una situación de este tipo, vuelve a El Salvador, un Estado de fuerza o de facto, pues tendrá la razón, quien tenga un mayor poder o capacidad de dominio, sobre la vida nacional. Este artículo tiene una aplicación inmediata por el principio de aplicación directa.
Habiendo jurado la Fuerza Armada lealtad al Presidente y no, a la institucionalidad garantizada por la constitución, la aplicación del Artículo 87, corresponde a cualquier organización de naturaleza cívica, que considere que posee la fuerza suficiente para hacer valer la Constitución.
Considerar ir a elecciones y competir limpiamente con Bukele, será un hecho imposible, pues domina el Tribunal Supremo Electoral y los padrones electorales; por lo que se legitimaría su acción inconstitucional. De igual manera lo legitimaría, acudir a elecciones de diputados y alcaldes, convocadas por un tribunal electoral que acepta una candidatura inconstitucional y, favorece a los candidatos oficialistas.
Un llamamiento unificado a la insurrección, con una oposición fragmentada, no tiene futuro, pero sí, la denuncia de un Estado de facto, hasta que haya unidad nacional contra el Gobierno. Esto se dará cuando la empresa privada sienta que el Gobierno no se quedará, con el monopolio del transporte de pasajeros, de la importación de fertilizantes y la industria farmacéutica, sino que irá por cada uno de los negocios privados, ya sea para el Gobierno o para miembros o llegados a la familia presidencial.
Sólo la unidad nacional y la comprensión de que el Gobierno pretende controlar toda la vida nacional, para su lucro, podrá entrar en aplicación práctica el Artículo 87, pues tendrá que enfrentarse directamente contra la Fuerza Armada y ésta, tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos presentes, pues las consecuencias institucionales vendrán de organismos internacionales, defensores de los Derechos Humanos.
