Antes que nada, comprendamos que una presidencia producto de una reelección es vejatoria del estado de derecho, por tanto, ilegítima e ilegal. De concretarse, la constitución no deja lugar a dudas, señala el curso que deberá seguir la población.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
En este punto cualquier argucia con la intencionalidad de favorecerla, es también definida constitucionalmente como un acto sedicioso, como un flagrante desafuero a la naturaleza de la República, sin valer los intentos de sorprender en su sencillez al soberano, reseñando artículos constitucionalmente inexistentes, calificados de “ocultos» por estos estafadores, en el ánimo de sustentar su ilegal postura.
Es decir; no podemos justificar corregir los graves males estructurales que hemos padecido desde siempre, argumentando que no se puede superar la podredumbre que la corroe desde su interior por los canales legales, desmontando así el estado de derecho con el autogolpe, lo que por definición volvió ilegal a la gestión.
Así las cosas, incluso de haberse concretado la supresión de la delincuencia que nos aflige desde siempre, único proyecto presentable desde el ejecutivo, pero que en la práctica supone el irrespeto de los más elementales derechos ciudadanos, traduciéndose en una verdadera persecución contra la pobreza, por la pobreza en sí, repudiando los derechos de la ciudadanía en razón de su origen, generando las concretas condiciones para un nuevo enfrentamiento insurreccional, por la persecución misma, desproporcionada y hasta criminal en los casos que ha supuesto el asesinato de ciudadanos inocentes bajo la detención de agentes del estado.
Y si esto es así, se violenta la constitución y probablemente supone el riesgo de una insurrección, ¿Qué hay tras el intento de reelección?
Asegurar la impunidad.
Los delitos en cuestión van, desde el masivo y descarnado saqueo de las arcas públicas, vejación del estado de derecho, asesinato y probable tráfico de drogas.
Si el estimado lector me confiere la administración de recursos financieros y a la vuelta de, por ejemplo, seis meses demanda un informe de los beneficios obtenidos o en su defecto, cualquier pérdida sufrida, y sencillamente me niego, sin duda me procesara por estafa, y es esto lo que ha sucedido, pues el régimen se niega a dar explicaciones por el uso discrecional que ha hecho de los recursos públicos, incluso blindándose tras una política que deniegan información de naturaleza pública, hasta por siete años.
Así para el caso, el primero de mayo pasado, con la remoción de la plana mayor del aparato judicial, sustituida por elementos partidarios, como en el caso del fiscal general y aberrantemente, ahora con la procuradora, el ejecutivo reúne en su persona el tácito poder absoluto, anulando así a la República.
Sumemos el trágico asesinato en detención de decenas de ciudadanos por los que las autoridades deberán dar cuentas en su momento, como por los alijos de drogas recuperados en el país, descubiertos luego en el viejo mundo.
La crisis entonces, sería más fácil de resolver en el marco de la legalidad sorteando esta gordiana trama, cuando aún es posible solventar los sinsentidos de este régimen llanamente anárquico.
*Educador salvadoreño
