Indignación y enojo, expresada en redes sociales y por diversos medios, ha causado la captura arbitraria e injusta de los jóvenes del Bajo Lempa, este fin de semana, dentro del marco del régimen de excepción.
Comunidades Eclesiales del Bajo Lempa denunciaron, a través de un comunicado difundido por Fespad (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), la detención arbitraria de ocho jóvenes, todos menores de edad, efectuada por soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
“Las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa lamentamos profundamente y al mismo tiempo denunciamos los hechos de inspecciones y detenciones violentas y arbitrarias sucedidas esta semana en la Comunidad amando López, jurisdicción de Jiquilisco, departamento de Usulután”, reza el comunicado difundido por Fespad, este domingo 06 de noviembre.
Según lo relatado en el boletín, el pasado sábado 29 de octubre, en la noche, hubo una fiesta bailable en la comunidad La Canoa, donde llegaron varios soldados que de inmediato procedieron a ordenar a los jóvenes que se desnudaran a la vez que los golpeaban y les tomaban fotografías.
Otro tanto ocurrió el domingo 30 de octubre, día que la referida comunidad celebraba el “Día de la Resistencia”. Como parte de la celebración, tras varias semanas de ensayos en el centro escolar Amando López, fue presentada la obra “Reseña Histórica de El Salvador”, en la cual participaron varios estudiantes.
De acuerdo con el relato de la madre de uno de los detenidos, la referida obra narra las distintas etapas de la historia salvadoreña, que comienza desde la invasión española, la lucha independentista, la lucha de Anastacio Aquino en 1832, la masacre de indígenas de 1932, el asesinato de Monseñor Romero, la guerra civil entre 1980 a 1992, los Acuerdos de Paz y la experiencia post guerra que vivió la misma comunidad Amando López.
De acuerdo al relato, ese mismo día, elementos militares anduvieron indagando qué era lo que ocurría en la comunidad.
Al siguiente día, es decir, el 31 de octubre, en la tarde, un contingente de militares entró a la comunidad donde procedieron a ordenar a varios jóvenes que se encontraban en la cancha de la comunidad, que se desnudaran y luego procedieron a fotografiarlos. Lo mismo hicieron con jóvenes que se encontraron en las calles, algunos de los cuales andaban comprando en las tiendas, indica el informe.
La violencia y arbitrariedad de los miembros de la Fuerza Armada no se detuvo.
En la noche del sábado 5 de noviembre, aproximadamente a las 10:00 de la noche, ocho jóvenes, todos menores de edad, fueron sacados de sus viviendas, sin llevar ninguna orden de captura y sin explicar a sus familiares por qué se los llevaban.
Los ocho menores fueron llevados al puesto policial conocido como El Zamorán, siempre en el sector del Bajo Lempa.
El comunicado divulgado por Fespad indica que los familiares de los ocho menores detenidos “hicieron resistencia toda la noche y parte de la mañana del domingo 6 de noviembre”, pero aproximadamente a las 10:30 a.m. de este domingo, los arrestados fueron trasladados a la subdelegación policial de Jiquilisco, de la cual, 90 minutos después, fueron llevados a la delegación de Usulután.
En el comunicado, las comunidades exigen la pronta intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), exigen la pronta liberación de los ocho menores y hacen responsable al Estado salvadoreño por los daños a la integridad física, psicológica que puedan sufrir los menores capturados.
Comunidades golpeadas capturas arbitrarias
En las comunidades del Bajo Lempa se han registrado decenas de capturas, supuestamente arbitrarias, por las cuales fueron interpuestos 110 hábeas corpus (demandas de exhibición personal) en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con fuentes de las referidas comunidades, hasta mediados de octubre la Sala de lo Constitucional no había resuelto ningún hábeas corpus, a pesar de que han transcurrido ya varios meses.
Ante la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia, los habitantes de las comunidades afectadas dijeron que denunciarán esos casos ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
