El pasado 31 de octubre de 2022, los obispos mexicanos, agrupados en la Conferencia del Episcopado mexicano (CEM) emitieron un comunicado Sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral, en el contexto de la discusión de esta en el Congreso.
Por: Jesús Arturo Navarro Ramos*
El análisis del documento presenta al menos cuatro cuestiones que requieren -a mi juicio- analizarse. La primera, el reconocimiento al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La segunda, la crítica a las intenciones de iniciativa presidencial; la tercera, la descalificación moral al autor de la iniciativa; y cuarta, los llamados al presidente a cumplir la ley y al Congreso a ejercer la prudencia legislativa.
Lo primero que hay que señalar es que este comunicado se inscribe en la línea crítica que el episcopado, en su derecho a opinar emite -en temas sensibles- sobre las políticas públicas y las iniciativas presidenciales. No es una opinión sin fundamento, al menos desde la visión eclesial mexicana. Este comunicado está en la línea de las opciones pastorales del episcopado. Sin embargo, se puede ubicar como una expresión del modelo de convivencia Iglesia-Estado, que he denominado modelo de resistencia que se ejerce según el tiempo y las circunstancias bajo dos modalidades, la cercanía discreta o la confrontación(1).
El análisis de los comunicados y posicionamientos de los obispos, así como las declaraciones del presidente en sus conferencias mañaneras, permiten señalar que estamos ante una relación Iglesia-Estado que se desarrolla en la confrontación directa. De este modo, el comunicado Sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral, se posiciona frente al Ejecutivo con una opinión diferente sobre el INE y el TEPJF al reconocer el papel protagónico de estas instituciones en la alternancia democrática: “Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas”. Con ello, lanza un misil en la línea de flotación de los motivos de la iniciativa: nadie puede negar, ni siquiera el presidente, que está ahí por la voluntad popular de la que INE y TEPJF fueron garantes. El comunicado se decanta, por dejar de lado las razones formales que la iniciativa presenta, para entrar en el ámbito de las intenciones, que se perciben en el documento al declarar que “por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”. Este es el segundo misil: adjetivar al gobierno como centralista con lo que coloca a AMLO del lado de la historia que no desea, y señalar las intenciones de control sobre las elecciones y posiblemente sus resultados.
El tercer misil está dedicado a uno de los elementos centrales en la argumentación del presidente: la autoridad moral. La precisión es puntual: “Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”. La frase taxativa es “la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”. Así, el presidente ha quedado señalado y evaluado por centralista, con intenciones de controlar los comicios y sus resultados; y por violentar la Constitución al destruir las instituciones. Estos son los descriptores que muestran lo que significa “no tener calidad moral”.
El cuarto misil, elaborado desde la cordialidad política -que tiene claro que las palabras serán recibidas con oídos sordos e incluso con descalificativos-, expone un llamado al Ejecutivo Federal y a los legisladores: “Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México […] Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”. Cumplir con la responsabilidad y conducirse con prudencia legislativa, son dos señalamientos fuertes que desde la lectura que observa las contraposiciones, plantea que ambas cosas pueden invisibilizarse en el afán de dar gusto al Presidente.
Como propuesta junto con el ejercicio de la responsabilidad constitucional y la prudencia legislativa, los obispos señalan la urgencia de no poner “en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, reconociendo la perfectibilidad de instituciones y leyes, pero no del modo como se propone en esta iniciativa.
*Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)- México
