La directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dijo que el Ejecutivo se excusa en el régimen para tener un mayor control político.
«Ya no le podemos llamar régimen de excepción a una política que se ha instaurado a través del control de las instituciones del Estado, la coaptación de los poderes independientes y el desmantelamiento del Estado de Derecho». De esa forma describió la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, la política de seguridad instaturada por el gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Guevara habló con LA PRENSA GRÁFICA y analizó los casi ocho meses del régimen de excepción. Ella considera que esta medida ha sido «una excusa para violentar los derechos por parte del presidente Bukele y tener mayor control político».
Sostiene que durante los últimos meses ha existido una situación de opacidad en la información sobre el paradero, situación y condiciones en las que se encuentran las más de 56,000personas detenidas.
«Son más de 70 personas que por lo menos se tiene un registro que han perdido la vida en centros penitenciarios, que ya de por sí habían sido cuestionados por la situación de hacinamiento. No se puede imaginar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, en donde se han violentado las normas básicas del debido proceso y de un juicio justo bajo la justificación de que se intenta combatir la violencia de las pandillas», mencionó Guevara.
Además, lamentó el silencio que ha tenido la comunidad internacional con respecto a la situación de El Salvador.
Asegura que lo que ocurre en el país es una receta implantada en otros países centroamericanos. «Hay una alarma clara de acciones que está tomando el gobierno de Nayib Bukele que nos llevan a reflejar cómo hay un deterioro y desmantelamiento del espacio democrático con la finalidad de hacerse del control del poder político y eso lo conoce muy bien la comunidad internacional», apuntó la defensora.
«Ya no le podemos llamar régimen de excepción a una política que se ha instaurado a través del control de las instituciones del Estado, la coaptación de los poderes independientes y el desmantelamiento del Estado de Derecho». De esa forma describió la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, la política de seguridad instaturada por el gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Guevara analizó los casi ocho meses del régimen de excepción. Ella considera que esta medida ha sido «una excusa para violentar los derechos por parte del presidente Bukele y tener mayor control político».
Sostiene que durante los últimos meses ha existido una situación de opacidad en la información sobre el paradero, situación y condiciones en las que se encuentran las más de 56,000personas detenidas.
«Son más de 70 personas que por lo menos se tiene un registro que han perdido la vida en centros penitenciarios, que ya de por sí habían sido cuestionados por la situación de hacinamiento. No se puede imaginar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, en donde se han violentado las normas básicas del debido proceso y de un juicio justo bajo la justificación de que se intenta combatir la violencia de las pandillas», mencionó Guevara.
Además, lamentó el silencio que ha tenido la comunidad internacional con respecto a la situación de El Salvador.
Asegura que lo que ocurre en el país es una receta implantada en otros países centroamericanos. «Hay una alarma clara de acciones que está tomando el gobierno de Nayib Bukele que nos llevan a reflejar cómo hay un deterioro y desmantelamiento del espacio democrático con la finalidad de hacerse del control del poder político y eso lo conoce muy bien la comunidad internacional», apuntó la defensora.
