Según el más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, basado en datos de origen oficial, las desapariciones van en aumento. El hecho conecta con la sistemática negativa de todos los Gobiernos de la posguerra a ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Mientras nuestros tres vecinos más próximos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya han firmado la Convención, El Salvador permanece al margen. Y diversas señales apuntan a que el país no suscribirá ni este ni otros tratados de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Un tuit reciente del presidente de la República afirma que los cambios que experimenta El Salvador son tan positivos “que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONG o la oposición”. Por supuesto, es una ingenuidad pensar que el aislamiento facilitará resolver los problemas nacionales. Sin duda, ni el propio presidente cree en lo que dice. Al final, cuando la realidad aprieta, no les queda más remedio que acudir a las instancias internacionales.
Tampoco todo es positivo en el país. Las cifras de las desapariciones, el aumento de la deuda y la negativa a a firmar el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, apuntan a que en algunos aspectos se está empeorando. La resistencia a comprometerse con nuevos instrumentos de defensa de los derechos humanos y la necia decisión de prescindir de la opinión de los organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña afectarán negativamente tanto el desarrollo económico y social como las relaciones con la comunidad internacional.
Cuando se critican algunos aspectos de la política salvadoreña y de la actuación del Estado, no se quiere decir que todo lo que sucede en el ámbito político es negativo. La crítica es siempre un apoyo al bien común, pues, incluso cuando está errada, ayuda a reflexionar y pensar mejor las cosas. En ese sentido, el Gobierno actual debería abrirse al diálogo y dar los primeros pasos para hablar con quienes tienen preocupaciones legítimas por el futuro de El Salvador.
El tema de las desapariciones y la firma de normativas internacionales sobre derechos humanos no son caprichos de la oposición, sino reclamos serios de personas e instituciones de la sociedad civil que responden al dolor y las quejas de un buen número de ciudadanos. Quienes solicitan la ratificación de nuevos instrumentos legales tienen razones de fondo, sustentadas en datos inobjetables. Dialogar al respecto no implica rendirse ni humillarse, sino buscar caminos comunes de desarrollo humano. Esperar a que las situaciones se tensen o los problemas crezcan no es lo mejor para el país. Tener mayoría no debe nunca ser una excusa para negarse a dialogar con la minoría.
Editorial UCA
