La reforma de pensiones, presentada por el gobierno de Bukele, esta semana, resultó ser un timo para los trabajadores, aseguraron dirigentes sindicales, economistas y especialistas en la materia. Para los trabajadores “el gobierno no honra con lo que nos prometió” sostienen. “Los números no cuadran para subir el 30% anunciado”, dicen economistas; “No es una reforma integral”, “son cambios administrativos y populistas”, argumentan especialistas.
La propuesta gubernamental de reforma de pensiones no toma en cuenta la edad de jubilación ni una mayor cobertura, a pesar de que El Salvador tiene la segunda más baja cobertura previsional en América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): es menor al 20%, mientras el promedio en el continente llega al 68%.
Economistas dicen que la propuesta, que no es pública más que por escuetas notas en redes sociales, genera muchas dudas y preguntas: ¿cómo se van a pagar las pensiones, por ejemplo del sistema anterior?, y luego ¿cómo quedaría la deuda que ya se debe? ¿En qué situación quedaría el Estado, que adeuda a las AFP?. Agregan que es. “Irresponsable en términos financieros. Se están ofreciendo más beneficios, sin decir cómo se le va a dar sostenibilidad”.
La tal propuesta resultó ser un timo. A continuación un resumen escrito sobre el tema el especialista César Villalona, el cual compartimos con ustedes.
15 notas sobre las pensiones, a propósito de la nueva reforma
César Villalona
1. El sistema de administración privada, que es dañino para quienes cotizan, fue creado por los partidos ARENA, PCN y PDC cuando aprobaron, en 1996, la ley que le dio entrada a las AFP dos años después. Quienes dirigen el partido GANA, donde milita Nayib Bukele, no están libres de culpa, pues el grupo viene de ARENA.
2. Como la ley obligó a toda persona menor de 36 años a cotizar en las AFP y les dejó la “opción” de hacer lo mismo a las mujeres de 36 a 50 años y a los hombres de 36 a 55 años, en 2001 el INPEP y la UPISSS, instituciones públicas que antes manejaban los fondos, no podían pagarles pensiones a 98,000 personas jubiladas, pues sus fondos de cotizaciones se desplomaron y sus reservas técnicas ($338 millones) se agotaron.
3. Entre 2001 y 2006, los gobiernos de ARENA endeudaron al Estado con $1,209 millones de bonos que vendieron para pagar pensiones del sistema público y darles un complemento de pensiones a las personas del grupo optado que se jubilaban de las AFP. Ese complemento no aplica para los obligados.
4. En 2006, los diputados y diputadas de derecha aprobaron el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que obliga a las AFP a comprarle certificados al Estado con dinero de las cotizaciones, para que el Estado pague pensiones del sistema público y el complemento de los optados.
5. El Fideicomiso inició en 2007 y sigue vigente. En mayo de 2019, la deuda del Gobierno con los fondos que administran las AFP era de $5,071 millones. En septiembre de 2022 era de $6,006 millones, o sea, aumentó en $935 millones (18%). Ver https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cdr=1&lang=es. Y no es mayor porque la reforma de 2017 creó una cuenta solidaria con el 36% de las cotizaciones, para financiar una parte de las obligaciones del Estado. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se equivoca cuando dice que el Gobierno no usa el Fideicomiso.
6. En los Gobiernos del FMLN se aplicaron algunas reformas positivas:
a) Se creó una pensión no contributiva de $50 mensuales para 37,000 personas mayores de 70 años y en pobreza extrema.
b) Se creó la pensión no contributiva para miles de veteranos y veteranas de guerra, de $100 dólares al mes.
c) Se aumentó la pensión de alrededor de 20,000 lisiadas y lisiados de guerra, que se fijan como un porcentaje del salario mínimo de comercio y servicios, el cual aumentó 45% entre el 2011 y el 2017.
d) Se elevó la pensión mínima, de $145 a $207 (43%).
e) Se redujo la comisión sobre las cotizaciones que cobran las AFP, de 21% de cada $100 dólares cotizados a 12.6% (reformas de 2011 y 2017).
f) Se redujo de 1.5% a 1% la comisión que cobran las AFP por las pensiones que otorgan.
g) Se eliminó el 1% de la comisión que cobraban las AFP sobre los rendimientos de las cuentas inactivas, es decir, de las personas que no siguen cotizando porque no tienen empleo.
h) Se puso en $2,000 dólares la pensión máxima, que no es mala y permite reducir el complemento a los optados y la carga del Estado.
i) Se aumentó en un punto porcentual la aportación patronal.
7. Algunas personas dicen que la reforma de 2017 solo benefició a las AFP, pero las cifras muestra otra cosa, pues las utilidades de esas empresas, aunque son muy buenas, pasaron de $30.3 millones en 2017 a $27.5 millones en 2018; $22.5 millones en 2019; $16.5 millones en 2020 y $18.5 millones en 2021.
8. Pero esas y otras medidas fueron limitadas, pues no atacaron los tres problemas estructurales del sistema: cobertura (25% de la PEA), pensiones bajas y deuda pública provocada sobre todo por la privatización de 1998.
9. En 2021, la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, aumentó la pensión mínima de $207 a $304. Bukele se opuso a la medida y la vetó, pero la Asamblea la ratificó. Ver https://ysuca.org.sv/2021/01/en-un-acto-sin-precedentes-nayib-bukele-se-opone-al-aumento-de-la-pension-minima-de-207-00-a-304-00-dice-la-oposicion-politica/. Hoy Bukele dice que el aumento lo hizo su Gobierno.
10. El sistema mixto que intentó crear el Gobierno de Sánchez Cerén, para cumplir con su promesa electoral, era el inicio del cambio estructural del sistema, pues liquidaba a las AFP en pocos años, ya que el 80% de las cotizaciones irían a un fondo público solidario, que un instituto público podía decidir administrar directamente. Pero los partidos de la oligarquía calificaron el proyecto de ley de “robo del siglo” y lo bloquearon. Son los mismos que apoyan al actual Gobierno, incluyendo los principales oligarcas.
11. La reciente reforma elaborada por el Gobierno no resuelve los problemas estructurales, por las siguientes razones:
a) No tiene medidas para ampliar la cobertura, no mejora las pensiones (salvo la mínima) y agrava el problema financiero del Gobierno.
b) El pilar no contributivo queda intacto, pues no aumentan los fondos ni las personas beneficiarias.
c) El aumento de un punto porcentual a la aportación patronal equivale a $75 millones al año, que repartidos en las cuentas de 827,680 cotizantes (dato de agosto) dan un promedio de $90 por cotizante. En 10 años, para dar un ejemplo, serían 900 dólares, una cifra irrelevante, incluso con el rendimiento que obtenga.
d) La reducción a 6.3% de la comisión de las AFP solo libera $67 millones, o sea, menos que el aumento de la aportación patronal.
e) Como la cuenta solidaria sube un punto porcentual (para pagar pensiones del sistema público), la mayor aportación patronal y la reducción de la comisión solo aumentarán en un 10% la cuenta individual, de la cual se pagan pensiones por un estimado de 20 años. Ese porcentaje es insignificante.
f) El aumento de la pensión mínima, que es una buena medida, cuesta cerca de $200 millones, no tiene fuente de financiamiento y solo aplica para las pensiones que oscilan entre $305 y $399. Las AFP darán las mismas pensiones, pues la forma de cálculo no cambia, y el Estado pagará el complemento para la mínima.
g) La inflación acumulada en los últimos dos años (cercana al 15% y mayor de 30% en los alimentos básicos) golpeó todas las pensiones e hizo negativo el rendimiento de los fondos que administran las AFP, que no supera el 5%. El aumento de la pensión mínima ya se lo tragó la inflación.
12. El ministro de Hacienda aseguró que con la reforma la mayoría de las pensiones aumentarán en un 30%, pero también dijo que “iremos conociendo más detalles en la medida que se vaya discutiendo más la propuesta”. O sea, que ni él domina la propuesta ni participó en su discusión.
13. El sistema de pensiones no aguanta más reformas. Si no se liquida a las AFP, ni se crea un sistema público sin fines de lucro y sin participación de los seguros privados, ni se incorpora al sector informal, ni se mejoran los salarios ni se aprueba una reforma tributaria progresiva, que eleve sustancialmente los ingresos públicos afectando las altas rentas, no se resolverán los problemas estructurales de las pensiones: la cobertura no aumentará, la mayoría de pensiones serán de miseria y el Gobierno tendrá más problemas financieros.
14. El presidente Bukele cuenta con 62 diputados para nacionalizar el sistema de pensiones, pero es obvio que un Gobierno de derecha no hará eso. Tampoco hará la reforma fiscal prometida en el Plan Cuscatlán que divulgó durante la campaña electoral. La política del Gobierno consiste en elevar la deuda pública, hacer promesas y no realizar la mayoría de las inversiones aprobadas en el presupuesto.
15. En conclusión, la reforma de pensiones le sirve al Gobierno para hacer propaganda electoral, pero mantiene el lucro privado y no ataca los problemas esenciales del sistema.
