Estados Unidos aplicó sanciones contra dos altos funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por presuntos actos de corrupción en el desempeño de sus funciones.
Los afectados son el ministro del Trabajo, Rolando Castro, y el Secretario Jurídico, Conan Castro Ramírez, por supuestos actos de corrupción con base en la llamada Ley Global Magnitsky, una legislación que permite al presidente de Estados Unidos sancionar a cualquier extranjero que se «compruebe» que cometió abusos de derechos humanos y otras violaciones.
Según fuentes salvadoreñas estas acciones son parte de las presiones ejercidas por Washington contra el país y muestran la extraterritorialidad de muchas leyes estadounidenses que se aplican a países y ciudadanos como ocurre con la ley Helms-Burton contra Cuba, y otras normativas que afectan a Venezuela, Nicaragua, Irán y otras naciones.
Los estadounidenses no tienen jurisdicción apara sancionar a ningún funcionario de otro país pues no son jueces internacionales, destacan medios locales en referencia a la llamada Ley Global Magnitsky.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ambos funcionarios están implicados en presuntos actos de corrupción. “Conan Tonathiu Castro Ramírez, durante su mandato como Secretario Legal Presidencial, obstruyó las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales”, indicó la OFAC.
Asimismo, acusó al titular de Trabajo de presuntos “actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal”.
Los dos funcionarios están incluidos por el Departamento de Estado en la llamada “Lista Engel”, junto a otros 12 políticos, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños por cometer actos de corrupción, obstruir investigaciones y dañar las instituciones democráticas.
Desde su aprobación en 2016 la ley es usada por Washington para presionar a países que no comulgan con sus intereses, se aplica globalmente y “autoriza” a la Casa Blanca a sancionar a los presuntos infractores de los derechos humanos y corrupción, congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país. (PL)
