Los más de 60 mil presuntos pandilleros y colaboradores presos en El Salvador representan un serio reto para las autoridades por el alto costo a la economía de su mantención, estiman hoy analistas.
La nación norteña tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con más de 1,2 millones de personas detenidas en prisiones federales y estatales, una gran mayoría procedentes de las minorías negra y latina.
La explotación de la mano de obra de los reos aporta miles de millones de dólares al sistema, algunos estimados plantean que más de 11 mil millones pero otros hablan de cifras mayores.
Con la llegada del régimen de excepción a El Salvador y la cifra de arrestos a partir de marzo pasado, es posible que el país se acerque a encabezar el escalafón de privados de libertad a nivel mundial.
El Salvador supera ya los 60 mil reclusos en sus distintos centros penitenciarios, lo cual le colocaría como el país con la tasa más alta y con un récord en dicho registro.
En términos generales, según datos citados por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, durante el régimen de excepción, que inició el 27 de marzo, y tomando como día de cierre el 8 de mayo, se apresaron a 26 mil 755 personas, lo cual, sumado a los reos que ya estaban registrados hasta marzo (39,538) harían un total de 66 mil 293.
Es un serio reto para el gobierno pues, si hace cerca de un año y con la mitad de los reclusos gastaba aproximadamente un estimado de 108 millones de dólares para satisfacer las necesidades básicas de la población carcelaria, ahora debe estar gastando poco más del doble.
Esos son partes de los desafíos que enfrenta el presidente Nayib Bukele y su gobierno para alcanzar un nivel de seguridad exigido por la población y que también necesita la propia economía de servicio del país, en especial el turismo.
En este ambiente de limitación de garantías y derechos constitucionales, denunciado por defensores de los derechos humanos, también el gobierno elabora estrategia para la reeducación y reinserción en la sociedad del recluso, como una manera de brindarle una oportunidad para enmendar el comportamiento delictivo y reincorporarse a la convivencia social.
Estimados recientes de fuentes oficiales aseguran que la mayoría de los detenidos por su pertenencia a las pandillas o presuntamente colaborar con estas se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 40 años.
No es humano mantener a alguien tras las rejas por tantos años si no existen causales como homicidios o actos degradantes, por lo que algunos expertos abogan por implementar programas de reeducación o de deshabituación en materia de alcohol o estupefacientes.
Según el analista Marvin Aguilar, “como parte de su etapa de readaptación es que creo que a los presos se les debe poner a trabajar, solo el gasto en su alimentación es oneroso y ese dinero se puede utilizar en salud y educación”.
Fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato, dijeron trabajan en esa dirección, los internos en el centro penal la Esperanza (Mariona) ya están incorporados a un régimen de reeducación y hacen todo tipo de trabajos, carpintería, costura, pintura, artes y otras labores que potencialmente serán ingresos a la economía.
Asimismo, ya cultivan parte de sus alimentos, según la fuente. La gran interrogante es si esa estrategia podrá aplicarse y llevar a muchos de los pandilleros y colaboradores a la convivencia social bajo las leyes del país. (PL)
