Henri Fino, director de FESPAD, afirmó que se han presentado casos de estigmatización en El Salvador.
Ante el estado de excepción decretado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para hacer frente a la violencia de las pandillas, a la fecha estarían encarcelados más de 59.000 integrantes, es decir, un 84 % de los 70.000 que oficialmente se considera existen en el país.
Sin embargo, la estrategia ha generado múltiples violaciones de Derechos Humanos e injusticias, según dijo en RCN Radio, Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
«Lo que sucede es que desde el régimen de excepción se estigmatiza a todas las personas que estén tatuadas, independientemente que tengan o no relación con las pandillas”, resalta Fino.
Además, dijo que “este régimen maneja cercos instaurados por el presidente en una ciudad populosa, en la cual los empleados llegan a vivir en medio de zonas industriales y en zonas pobres, en los cuales hay distribución de droga, delincuencia común, lo cual ha causado dolor y muerte a la población salvadoreña y que deben ser combatidos con base en el respeto y la legalidad».
Sin embargo, “detener a todo aquel que tenga tatuajes, aun cuando no se tiene nada con las pandillas, es posiblemente ponerlo en una de las problemáticas más recurrentes que se viven en la actual, ya que en las cárceles han muerto más de 80 personas producto de golpizas al interior de las mismas, debido a la estigmatización”, relata Henri Fino.
Fino cuenta que los defensores de los derechos humanos han insistido en que el Estado debe respetar los Derechos Humanos, la ley y sobre todo la vida, hace un llamado a que toda audiencia debe estar precedida por la defensoría y entes de control que regulen los derechos de los implicados.
«En El Salvador no existe una institucionalidad, hay una acumulación absoluta de poderes, la institucionalidad gira o funciona cuando el Presidente lo permite. Incluso la actual procuradora, que no es una persona idónea en el cargo, se le otorgó una hoja de ruta y no se ha pronunciado ante ninguna situación”.
Fino, puntualiza en que las organizaciones de los Derechos Humanos están totalmente acosadas y perseguidas y a pesar de que han luchado, la única respuesta por parte del Gobierno son hostigamientos, amenazas y discriminaciones.
