Durante el pasado conflicto armado la comunidad Santa Marta de Cabañas sufrió muchos atropellos en la forma de sistemáticas violaciones a sus moradores, con secuestros, torturas, asesinatos, etcétera, de lo que existe vasta evidencia tanto pericial como material, que ubica a unidades militares sobre el terreno en las fechas y horas en la que se cometieron, e individualiza con nombre y apellido a los responsables materiales como intelectuales, y sin embargo, transcurridos todos estos años, no se ha procesado a ninguno de estos criminales, sino arropado con el halo de la impunidad.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Los victimarios incluso fueron señalados e individualizados puntualmente en diferentes informes por el mismo estado, la ONG Marlene Magadec, NU y el tribunal interamericano de DDHH, por lo que la evidencia no se suscribe a lo local, trascendiendo por la gravedad de los crímenes, a las entidades multilaterales referidas, y, sin embargo, la impunidad campea.
Tan descarnada es la impunidad, que los victimarios fueron llamados por la propia bancada oficialista al hemiciclo legislativo donde se les pidió su opinión en torno a si se debía aperturar los procesos concernientes a violación de derechos humanos que cometiera la milicia durante el pasado conflicto, y el colmo!, los criminales recomendaron a los padres de la patria en aquel circo, que “aquellos crímenes era mejor olvidarlos”, sobre lo que tomaron nota los diputados oficialistas.
Tal delación no es ficticia, es una terrible y brutal realidad: donde los criminales campean impunes, reciben pensión, atención médico hospitalaria, tierras y demás beneficios gratuitos del erario público, mientras sus víctimas padecen dolor e insatisfacción, demandando aun justicia.
A pesar del abandono en el que el estado dejará a todas las comunidades que padecieron en la pasada guerra civil, ésta ha desarrollado desde entonces una vibrante y digna vida propia, al margen de un estado que le ha dado la espalda y la sigue atropellando no solo con su olvido o su inacción para hacer justicia, también agrediéndola cuando le es posible, en particular ahora bajo el régimen de excepción, habiendo secuestrado a varios de sus moradores.
Ello porque esta comunidad ha tenido que organizarse para superar a la naturaleza, como los desafíos que supone la convivencia.
Ahora, se les criminaliza deteniendo a seis de sus moradores acusándolos de un supuesto crimen sobre el que no existe ninguna evidencia, solo la memoria de un testigo criteriado y sin valor jurídico, lo que sin embargo ha justificado sin criterio su detención.
Así, no es necesario realizar una cuadrática para entender que los dados están cargados y que no se busca ninguna verdad judicial, sino imponer la agenda tras esas acusaciones, que no son otras que reiniciar las actividades mineras además de expoliar el agua local, para lo que el régimen ya adelantó pláticas con transnacionales canadienses, así como con entidades que regulan la actividad minera.
Entonces la cosa se reduce a una falsa acusación, intimidar al resto de la comunidad y hacer lo de siempre: enriquecer a unos pocos mientras el resto, padece.
*Educador salvadoreño.
