No. La paz social a la que todos aspiramos supone superar las objetivas condiciones de inseguridad y violencia social que a todos nos secuestran.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Entenderlo implica aceptar que la relativa paz que ahora nos beneficia depende del régimen de excepción que domina la diaria vida de la ciudadanía ahora en el país, y que la sustenta de modo artificial.
Esto porque el tal régimen ha servido para reducir en el sistema carcelario a supuestamente algo más de sesenta mil personas, lo que se ha traducido en la aparente pacificación de nuestra sociedad, pero por extensión aprovechándolo para también desatar una tácita persecución política en contra de cualquiera que disienta contra el actual gobierno.
Ello se ha traducido en la serie de abusos de todos conocidos, que incluso ha derivado en las más de doscientas muertes de las que es responsable ahora el estado.
Cómo sea ello supone que el extendido régimen de excepción solo ha servido para limpiar socialmente de indeseables al país, algo así como ocultarlos bajo el tapete, sin asear realmente, sin abordar debida e integralmente el fenómeno de la violencia social que como tal padecemos en nuestro país.
Es decir; al esfuerzo de perseguir a las estructuras pandilleriles, los inmensos recursos financieros dedicados a ello, de los que no se ha dado ninguna cuenta, no han sido acompañados del abordaje de las causales de la tal violencia, que son la injusticia, la exclusión y la marginación social, como tampoco se ha formulado el plan dirigido a superarlas, o determinado como finalmente se transitará a un estado con enfoque de inclusión, que desmonte al neoliberalismo vigente, motor de tales injusticias estructurales, a su vez que genera la pobreza como a su hermana la violencia, que expulsa al 99% de la población, por vulneración de sus más elementales y fundamentales derechos, negándoles incluso la vida mediante la represión, de todo lo cual ha sido causante las élites y el estado.
Entonces, vicios estructurales como la impunidad, la corrupción, el compadrazgo, el amiguismo, etcétera, que el actual régimen práctica como deporte, como en general la política criolla en todos sus colores, así como naturalizados por la población, son males que lastran las posibilidades del estado para ejercer sus funciones, debilitándose deliberadamente y justificando así que el modelo político sea reducido a un mero ejercicio representativo, negando por esa vía a la población incidir en la superestructura, como a las élites y por intermedio del aparato político y sus delfines, apropiarse de la misma para su beneficio, en detrimento de las mayorías.
Todo de modo legal.
Si sumamos la ausencia del estado desprotegiendo el derecho de las mayorías, como el expolio desde las elites, manifiesto en el desmedido costo de vida, o la negación de derechos tan elementales como lo son una educación y salud de calidad, y la cruda inseguridad jurídica, tenemos ahí el cóctel para la continuación de la violencia, que simplemente resurgirá cuando el régimen de excepción se agote y sea erogado, y esta se manifieste en nuevas formas.
*Educador salvadoreño
