La persecución contra algunos ex elementos de la extinta guerrilla, a los que la FGR acusa de haber delinquido durante el pasado conflicto, resulta interesante por las razones que la motivan. Resulta que esta se ha planteado sin evidencia de ningún tipo, salvo la memoria de un testigo criteriado.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Tampoco el juez ha razonado porque continuar con la detención, suscribiéndose sí a lo ha planteado por el tal testigo, es decir, una causa sin ningún sustento jurídico, que sólo puede explicarse por los intereses políticos que la promueven.
Todo se reduce a amedrentar a la población vecina de los acusados injustamente, generando así las condiciones para impulsar un proceso viciado en el que la población en cuestión admita por temor, la explotación minera y el expolio del agua, extendiéndose así a todas las locaciones del país que ofrezcan iguales circunstancias para favorecer a los de siempre: a los privados.
Sin embargo, el hecho es que la acusación es falsa e insostenible judicialmente, como evidentemente sacada de la manga con el fin expuesto.
Pero ¿puede el estado actuar con tal malicia sin ser sancionado?
Los elementos que lo rigen lo hacen desde la fundación de la República, cuando los llamados próceres representando a las élites, robaron la independencia al pueblo, atribuyéndosela.
Por otro lado, las matanzas contra la población son una ordalía que ha padecido nuestro país desde siempre y a manos de los mismos: el ejército constitucional al servicio de las mismas élites antes referidas.
Algunos pocos ejemplos con basta evidencia que así lo confirma lo demuestra:
Las masacres de 1932, en Izalco, para acabar con las demandas de la población originaria que reclamaba el reintegro de sus tierras ancestrales, transferidas mediante decreto a esas élites entre 1882 y 1885 bajo la dictadura Zaldívar, y que se saldara con entre 35,000 y 42,000 asesinados con lujo de barbarie de acuerdo a diversas fuentes foráneas independientes.
La matanza de estudiantes universitarios en 1974, frente al edificio del seguro social en SS, con un saldo de entre 350 y 500 asesinados y desaparecidos a manos del ejército y la GN.
La masacre durante las exequias del Santo Romero, en marzo de 1980 frente a la catedral de San Salvador, atribuida a elementos de la GN, con 40 muertos.
La matanza de Sumpul, en 1980, con alrededor de 600 campesinos asesinados por el ejército en complicidad con sus pares hondureños, en terreno fronterizo con Honduras.
La masacre en la UCA contra los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, en San Salvador, durante la última gran ofensiva guerrillera y en consecuencia con la desesperación militar y gubernamental por ser ampliamente superados por el ejército guerrillero, con ocho asesinados.
Y muchos miles de víctimas más, todas impunes, en matanzas de las que se conoce los pormenores, circunstancias, autores intelectuales y materiales, etcétera, sobre los cuales el estado simplemente no ha hecho nada y, por el contrario, ha encubierto asegurando para ellos un tácito perdón y olvido.
Y ahora pretende que creamos que el estado busca hacer justicia. Que farsa.
*Educador salvadoreño.
