El sistema de justicia en El Salvador se muestra pródigo en años de cárcel para los condenados que son integrantes de pandillas, incluso sin cometer homicidios, valoran comentaristas internacionales.
La víspera la Fiscalía General de la República (FGR) condenó a más de 600 años de cárcel a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de haber extorsionado a comerciantes entre 2010 y 2020 en diferentes municipios del departamento de San Miguel, al este de la capital.
El integrante de las maras, Franklin Romeo Martínez, recibió una condena de 629 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito y organizaciones terroristas, y su par Julio César Santos, 609 años de cárcel, por iguales delitos.
Un informe de la fiscalía indicó que a una de las víctimas los delincuentes le exigían 600 dólares mensuales a cambio de no asesinarlo.
A algunos les llama la atención la amplitud de la condena, mientras que otros cuestionan la falta de programas de rehabilitación que permitan a muchas de estas personas, la inmensa mayoría jóvenes, la posibilidad de reeducarse e incorporarse a la sociedad.
El 30 de marzo de 2022 el Congreso aprobó una reforma para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, y estableció que los menores de edad que hayan cumplido 16 años y cometan un delito siendo parte de una pandilla recibirán una pena de prisión de hasta 20 años, entre otras reformas penales.
Llama la atención que en el país, el máximo de condena en el ordenamiento jurídico penal es de sesenta años, según personas familiarizadas con las leyes.
Por otra parte, estudios de universidades locales destacan que la edad promedio de los integrantes de las maras es de 18,7 años, lo que ratifica que el fenómeno de las pandillas encontró un caldo de cultivo en ese sector joven de la población.
Según los resultados de una pesquisa del Instituto Universitario de Opinión Pública, el 72 por ciento de los integrantes de estos grupos delincuenciales tienen una edad que oscila entre los 16 y 21 años.
Habría que preguntarse, según estudiosos, cuántos jóvenes hay entre los más de 63 mil arrestados hasta ahora que serán condenados a tantos años de cárcel, mientras no se avisoran planes de reeducación para su reinserción en la sociedad. (PL)
