La situación laboral cada vez más inmersa en acciones críticas de un lado y otro, que difícilmente surgen entendimientos positivos que lleven a la superación plena del conflicto laboral.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Para el caso las capturas de dirigentes sindicales del sector público que protestan legítimamente demandando relaciones laborales provechosas, pero se llega a acciones críticas como es llevarse capturados por autoridades de seguridad pública, por órdenes que son de arriba, probablemente de las propias autoridades que dirigen la institución pública.
La criminalización de las acciones por demandas laborales trasciende el marco estrictamente laboral, y por qué ha de intervenir la seguridad pública, y llevarse capturados cual criminales a los sindicalistas que conducen la acción de protesta, supuestamente delictiva, para justificar el apresamiento de sus líderes sindicales.
La cuestión acá es de analizarla fríamente, ¿es que está prohibido ejercer las presiones necesarias que justifican la solución de problemas laborales? Lo primero que puede venir a la mente es que no hay diálogo, viene de arriba hacia abajo, y quienes dirigen la institución de que se trate son incapaces de dialogar y establecer un marco de soluciones ante demandas de la parte laboral.
Si fuese el caso denota que quienes dirigen por un lado las instituciones públicas no son personas preparadas para establecer dinámicas amplias de criterio y conocimiento institucional, con los representantes laborales; y por el otro lado los líderes sindicales son personas que tienen poca formación profesional y sindical, para establecer niveles de diálogo aceptables, propuestas y/o negociaciones que lleven a establecer una convivencia de desarrollo socio laboral, que haga para el caso del sector público un mejoramiento sustancial de sus servicios.
Las demandas laborales son en niveles socio económicos—prestaciones económicas, salarios, profesionalización laboral. Hay un sector público que funciona con presupuestos poco coherentes a las necesidades que se requieren para brindar los servicios públicos de que se trate de la mejor manera posible, el clientelismo político partidario sigue predominando y hay poca autonomía e independencia en los intereses de las dos partes.
Por otra razón, hay el cuestionamiento válido por un ejercicio de una administración del trabajo, que siendo parte de la estructura de poder dominante, no ejerce atribuciones en virtud de la ley laboral con un carácter resolutivo en materia de conciliación, arbitraje y/o mediación; por el contario los dados están cargados, y si quienes ejercen la protesta y demandas no están en la línea gubernamental del funcionario de turno, vienen las acciones que han llevado a reprimir por la vía de criminalizar la protesta y pretender justificar el acto.
Ante un marco jurídico debilitado por las propias acciones presidenciales, denotan que además de la sede administrativa, la sede jurisdiccional está igualmente cuestionada, y los procesos de detención administrativa hasta por 72 horas, se han violentado y la remisión al juez laboral no llega o se retrasa, como consecuencia siguen detenidos, se rompen las relaciones laborales, el ambiente institucional se hace más tóxico; y por último los servicios públicos se degradan y deterioran hasta volverlos ineficientes, en perjuicio claro para la población.
Continúan detenidas las personas sindicalistas, las acusaciones y cargos no son claros; por otro lado, el funcionario público responsable sigue impune o protegido por la línea, y no se ve el correctivo y la situación laboral no se resuelve, manteniendo un nivel mediático que supuestamente resuelve, pero que es un ataque artero a la parte que tiene la razón en pro del funcionario responsable.
La ley del servicio civil o el propio Tribunal del Servicio Civil claramente son de una inoperancia tal, que no logran trascender y tratar la materia del derecho laboral, por cuanto sigue vigente y prevalece el marco del derecho administrativo con claros niveles de obsolescencia, por la evolución que el sector público ha tenido desde que la administración pecenista lo formó en los gobiernos militares, que al parecer tienden a regresar.
Por otro lado, los entendimientos positivos en los diversos procesos laborales en el sector privado, están de mal en peor, incapacidad histórica para mantener y desarrollar relaciones laborales pro activas y con lógicas productivas favorables para quienes hacen la producción—las personas trabajadoras—La administración del trabajo y la parte jurisdiccional, no son garantes de un ejercicio sano que desarrolle lo laboral, la prevalencia del mercado, de la competitividad, fomento de la flexibilidad y desregulación laboral, lo que se traduce en un deterioro constante de los derechos laborales. La ley laboral es obsoleta per se (1972), pero el proyecto de reforma de ley es por lo casi conspirativo como se ve, todavía más nocivo.
Las empresas privadas siguen justificando sus acciones de despidos y deterioro de las condiciones laborales, por la economía mundial, la cadena de suministros y políticas públicas proteccionistas, no obstante, el Ministerio de Economía como en los tiempos de arena sigue sin decir esta boca es mía.
El ISSS no mejora, la previsión social—la reforma no resuelve—hay regresividad de los derechos laborales, en general la protección social para la clase trabajadora, en momentos difíciles como el que vivimos va degradándose de forma acelerada y en su detrimento sin una perspectiva de entendimientos positivos.
*Sindicalista salvadoreño
