La serie de desalojos forzados de vendedores que vemos en el centro de San Salvador con el ánimo de aparentar ordenar la infraestructura pública, sin resolver las causas originarias y el desempleo que promueven a las ventas ambulantes e informales, o el cese obligado de los empleados públicos que fueran asignados en administraciones pasadas, o los directores de los diferentes centros escolares que se remueven sin respeto al debido proceso y la consecuente asignación de las mismas a elementos partidarios oficialistas carentes de ninguna capacidad técnica, con el ánimo de controlar a los diferentes centros escolares del país con el fin de adoctrinar las comunidades educativas seleccionadas.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Las recientes denuncias de parte de REUTERS, que desnuda la desmedida asignación de recursos estatales al propósito de adoctrinar a la población mediante granjas de trolls, cuentas de bots y compra de medios noticiosos hasta ahora independientes, con el afán de sumarlas a la pléyade de instrumentos oficialistas cuya tarea sea solo la de desinformar a favor del régimen, alabando permanentemente al ejecutivo mientras erosionan mediáticamente cualquier figura opositora.
Ejemplo de ello es el concreto caso de una cadena de televisión nacional, a cuya administración el régimen ha realizado una de esas ofertas que “no podrá rechazar”, de muchos millones de dólares.
La campaña electoral adelantada de parte del oficialismo que irrespeta descaradamente el proceso electoral, como la inacción intencionada de parte del tribunal electoral que por ley debiera señalar estos vejámenes.
La instrumentalización tanto del ejército como de la PNC asignando a oficiales políticos a sus respectivas direcciones a la par de dotar principalmente al primero, de equipamiento e instrucción dirigida a reprimir cualquier protesta social, junto a la creación artificiosa de un clima político que favorece la arbitrariedad y malicia de estos, que supone la real posibilidad de orientar dentro del actual régimen de excepción, una persecución dirigida contra cualquier oposición política y social.
El sometimiento del aparato judicial a los intereses y caprichos presidenciales, que como nunca en la historia se lo ha corrompido con el fin de suprimir cualquier disidencia, son todos cruda evidencia del desmontaje del estado de derecho que la presente administración ha ejecutado en el afán de acumular el poder político y militar en torno a la figura presidencial con el propósito de perpetuarse.
La historia abunda en ejemplos de tiranos que se adosan al poder, para lo que hacen de todo: quebrando la ley y reinterpretándola a su medida, corrompiendo a la institucionalidad y recomponiéndola a sus intereses, revistiéndose de una apariencia cercana a lo divino y quebrando la moral pública, desviando ingentes recursos al único propósito de producir ante la población la figura del insustituible mesías, el único que sabrá sacarlos de la situación que provocara artificiosamente, etcétera; todo en el afán de satisfacer su desmedida necesidades narcisistas, y el poder que ello supone.
Así, del hoyo al que hemos llegado a un estado de completa aberración de la norma, falta apenas un pasito, por lo que recuperar la institucionalidad debe ser la gran meta.
*Educador salvadoreño
