Los días 29 y 30 de marzo se está celebrando de manera virtual la Cumbre de la Democracia 2023. Se trata de su segunda edición tras la iniciativa de Joe Biden en su campaña electoral en 2020. Además de Estados Unidos son copatrocinadores los gobiernos de Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia.
Por: Manuel Alcántara*
Cuantificar a través de mediciones el estado de esta es un indudable progreso del saber, una práctica que es un lugar común desde hace un siglo en diferentes disciplinas del ámbito de las ciencias sociales. En la economía hoy no existe duda alguna de la validez y utilidad de los índices que miden la riqueza de una nación a través del término “producto interior bruto” o del que calcula la subida de los precios y evalúa la carestía de la vida. En la sociología, los índices de desigualdad, de natalidad o de mortandad son moneda corriente como lo es en psicología el coeficiente de inteligencia. Son aproximaciones necesarias para un mejor conocimiento de la realidad que se ven acompañadas en el campo de la ciencia política con esfuerzos similares desplegados en las dos últimas décadas.
Freedom House, The Economist Intelligence Unit (EIU), la Fundación Bertelsmann (BTI), el Proyecto V-DEM, entre otras instancias, son instituciones que han venido especializándose en la evaluación del desempeño democrático de los países. Partiendo de un marco conceptual sólidamente arraigado en la academia en torno a la siempre compleja noción de democracia los estudios llevados a cabo la operacionalizan mediante indicadores que son factibles de valorar en escalas. Así, los trabajos de Norberto Bobbio, Hanna Arendt, Robert Dahl, Giovanni Sartori o Juan J. Linz, entre un amplio grupo de intelectuales, son usados por expertos para calibrar periódicamente el nivel alcanzado por las distintas variables. Al mismo tiempo también se utilizan diferentes tipos de escalas de procedencia variada como son los porcentajes de participación electoral, las tasas oficiales de escolarización y desempleo, los datos de encuestas que miden hábitos y valores, entre otros.
Todo ello hace factibles aproximaciones bastante sofisticadas a la democracia concebida entonces como un tipo de régimen basado en el estado de derecho y en el que los cargos públicos acceden al poder como consecuencia de procesos electorales periódicos, libres y limpios. Pero el análisis no queda ahí puesto que se puede ver complementado por una visión que valora, a su vez, el nivel de igualdad existente en el país abordado, la participación real de la gente en las decisiones que afectan su vida y la posibilidad de alcanzarlas a través de la deliberación, así como la eficiencia y la eficacia en sus resultados de las políticas implementadas.
Estos instrumentos alcanzan a los países latinoamericanos que son así observados con una mirada desapasionada alejada de la militancia ideológica de cada quién. Su análisis minucioso comparado, de acuerdo con las instituciones que publicaron sus trabajos para 2022, permite llevar a cabo tres tipos de acercamientos que facilitan sendos titulares del estado de la cuestión.
En primer lugar, se constata una vez más la enorme heterogeneidad de la región. Combinando los informes publicados, que tienen un notable grado de congruencia, los países pueden encuadrarse en cinco grupos en función de su grado de democracia (otras fuentes hablan de calidad de su democracia). Uruguay, Costa Rica y Chile se encuentran en el lugar más alto; Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana están en el grado medio-alto; en una posición intermedia están Ecuador, México, Paraguay y Perú; mientras que Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras aparecen en el grado medio-bajo; y en el menor nivel se sitúan Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En segundo término, 2022 resulta ser el peor año en la serie de mediciones efectuadas en la mayoría de los países. Por ejemplo, el índice BTI que se realiza desde 2008 indica que así fue excepto para Colombia, Cuba, Uruguay, Ecuador y Paraguay, -sus mejores años en la serie fueron 2008 para los tres primeros y 2012 y 2014, respectivamente-. Para el índice EIU los años 2021 y 2022 fueron los peores desde 2004 para la mayoría de los países excepto Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, R. Dominicana y Uruguay. El análisis comparado longitudinal entre 2004 y 2022 muestra la suave evolución positiva de Colombia y la paulatina involución de México (para en este último índice de 6,67 a 5,25), El Salvador (de 6,22 a 5,06), Guatemala (6,07 a 4,68), Honduras (6,25 a 5,15) y Bolivia (5,98 a 4,51). Por su parte, Nicaragua y Venezuela se desploman al pasar de 5,68 a 2,50 y de 5,42 a 2,23 respectivamente. Uruguay (8,91), Costa Rica (8,29) y Chile (8,22) alcanzaron sus valores más altos en 2022.
Por último, debe subrayarse que los estudios muestran un marcado descenso de los índices medios a nivel mundial, pero también por regiones, algo que no hace sino reforzar la idea de la fatiga que acosa a la democracia en el mundo y que sin duda deberá afrontar la referida cumbre virtual. Ahora bien, la región en la que más descendió el promedio del índice de democracia entre 1998 y 2022 fue América Latina y el Caribe disminuyendo casi diez puntos porcentuales frente a los tres puntos en que decreció en Europa occidental, Estados Unidos y Canadá y los cinco puntos en que también disminuyó en Europa oriental.
*Profesor Emérito de la Universidad de Salamanca y de la UPB (Medellín).
Fuente: Latinoamérica 21
