La política sindical no ha tenido condiciones en el país, que desarrollen y permitan un crecimiento en la representación de los intereses de las personas trabajadoras. Desde arena (1989) con su política económica de libre mercado, apuntó al desmantelamiento de los sindicatos en áreas consideradas estratégicas a saber: el sistema financiero, el comercio exterior que implicaban obstáculos para imponer su política, e introdujo en la política laboral el modelo NO Sindicato, que implicaba claramente, entre otras cuestiones medulares, obstruir el ejercicio organizativo de las personas trabajadoras en sindicato.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
El modelo económico de libre mercado, introdujo el elemento de una apertura económica y el país gobernado por arena requería de condiciones que favorecieran esos intereses económicos, y lo primero fue continuar negando la organización sindical en el sector público; después eliminar por vía pseudo legal o impositiva la organización sindical en bancos privados y el banco central de reserva. Se reprivatizaron los bancos y el comercio exterior, y se pretendió imponer el modelo no sindicato en las empresas, con ello se anulaba la necesidad de las personas trabajadoras de querer organizarse.
En tanto se impusieron terminologías y culturas sobre las relaciones laborales, y se consideró en la política laboral de gobierno hacer creer que no había necesidad que las personas trabajadoras se organizaran, dado que la apertura de mercado daba la pauta a que las condiciones laborales se igualarían, dado que la competencia (el mercado) era el verdadero adversario, y no quienes en conjunto (dueños, ejecutivos y trabajadores(as)) dentro del centro de trabajo producían para el mercado en competencia, de allí que se denominaran en las empresas como colaboradores, despojándose de la ideología que los intereses son diferentes y se volvieran comunes a ambas partes de la relación laboral.
El trabajo se convirtió en una mercancía y la ley laboral de 1972, se volvió más obsoleta, de tal manera que las operaciones de las empresas bajo el régimen y ley de zonas francas, modificaron la prevalencia laboral e impusieron lo hacendario y económico como lo principal. Este nuevo marco de relaciones laborales se fue haciendo cada vez más unilateral, despojando a las personas trabajadoras del contexto jurídico, laboral, económico y social; la globalización económica se había impuesto y la necesidad de defender intereses laborales fue cediendo a supuestas lógicas económicas de beneficio para el país, recordemos la teoría del rebalse.
En la actual situación de país, seguimos en una claro deterioro de la política sindical, la legislación laboral que impera es anacrónica y no contempla el trabajo en zonas francas, y las supuestas reformas laborales que dizque el Ministro de Trabajo tiene listas, pero son desconocidas por la población laboral y bajo la sujeción de una Asamblea Legislativa amorfa e incapaz de trabajar por mejoras laborales; tampoco la manera de controlar las exportaciones—las empresas maquileras continúan cerrando y con problemas de operatividad, esto implica despidos selectivos y masivos; por su parte el gobierno de turno impone una manera de promover al país, para el caso el turismo—surf city, concurso miss universo, el viaducto de Los Chorros, el supuesto aeropuerto en oriente, mega proyectos de infraestructura, pero también la cooptación de los fondos de pensión, y la desarticulación de sindicatos en el sector público por el cierre y/o fusiones, el ahogamiento presupuestario de los gobiernos locales, encarcelamientos e intimidaciones por reclamar derechos laborales, entre otras decisiones políticas que no promueven mejoras sustanciales a las condiciones socio laborales, en materia de derechos laborales y mucho menos los derechos sindicales, sino a través de la política comunicacional promoviendo un El Salvador con acciones macro económicas prevalecientes, para un supuesto bienestar.
Se ha consolidado lo que arena inició (1989-2009) con la prevalencia del mercado por sobre los derechos humanos. El gobierno de Bukele, no da pauta a pensar que se convertiría en un gobierno pro trabajador, por el contrario de lo que se trata es sostener un debilitamiento de la institucionalidad pública, socavando sus recursos presupuestarios, manteniendo anulados los órganos legislativo y judicial; un ministerio público sin visión de compromiso con la ciudadanía, lo que no permite rescatar en pro, las diferentes demandas que los Sindicatos promueven en la busca de una defensa por diferentes intereses socavados por la falta de institucionalidad y sometimiento de funcionarios(as) al poder de Bukele.
La política sindical, es un reto para el sindicalismo, pero habrá que entender el momento en que estamos, el pasado de obstrucción y políticas económicas que han conducido al país a mayores migraciones, falta de educación, empobrecimiento acelerado para la mano de obra poco y nada calificada, salarios estancados, un crecimiento de la ocupación informal, y mayores dinámicas de opacidad en el manejo de la cosa pública.
*Sindicalista salvadoreño
