En mi postrera colaboración del 2022 para la Tribuna Comunista, hice referencia a la llamada reforma “integral” de pensiones de la familia bukele para los trabajadores salvadoreños. Esa misma reforma que los medios oficialistas celebraron y presentaron socialmente como el mejor regalo navideño de la historia del país.
Por: Toño Nerio
Y que propalaron como “otra” promesa cumplida por el gobierno familiar. La promesa que hizo en campaña cuando se dijo que eliminaría de tajo hasta el último vestigio chupasangre de las odiadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Sin pretender ser un especialista en eso de las pensiones, pero poniendo atención a lo que dicen los que sí saben de esas cosas; además de tener la experiencia que dan los años de vida conociendo a los gobernantes de mi país, que nunca jamás han representado los intereses de la clase trabajadora; sumado a un instinto clasista que me dice que si la oligarquía celebra algo y dice que es muy bueno es porque se viene un temporal copioso, destructivo e inclemente sobre las espaldas de los trabajadores.
Pero, claro, y sobre todo -como debe ser cuando se pone uno a opinar-, leyendo detenidamente el decreto derogatorio de la ley anterior[1], que ya les había propinado un golpe mortal a las personas pensionadas mediante ella. O sea, pensando que si la anterior fue mala –muy mala- y los oligarcas celebraban la nueva, la de bukele, todavía teníamos que esperar algo peor.
Y sí. La hoy derogada Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP), también de fines de diciembre, pero de 1996, fue en su tiempo la más importante victoria de los multimillonarios salvadoreños en contra de los intereses de la clase trabajadora y la primera gran tarascada[2] de la segunda gran ola privatizadora del neoliberalismo en El Salvador (recuérdese que la primera fue la privatización de todos los bancos y de todas las empresas estratégicas del Estado).
Con aquella funesta Ley SAP se pasó de un sistema solidario de reparto -en el que los trabajadores activos realizaban un aporte para el fondo común, administrado por el Estado, que garantizaba las percepciones de las personas jubiladas que ya habían hecho sus aportes a lo largo de la vida laboral- a un sistema de ahorro individual, en el que cada cual se rascaría como pudiera con los pobres ahorros que pudiera juntar, si es que alcanzaba la edad de jubilación y cumplía con el número de cotizaciones que le exige la ley y todos los demás requisitos que le imponía la empresa a la que se afiliaba “voluntariamente”.
Claro que según la Ley SAP cada quien “voluntariamente” escogía la rama en la que se quería ahorcar, entre las cinco AFP que existían cuando se comenzaron a esquilmar legalmente las aportaciones mensuales de cada persona trabajadora.
Lo que no podía escoger era si quería que una empresa privada lucrara durante toda su vida asalariada con una parte del producto de sus esfuerzos: la afiliación era obligatoria. Podían escoger entre CONFIA, PREVISION, PORVENIR, MAXIMA y PROFUTURA (la de la familia bukele), las vampiras parásitas con nombres esperanzadores.
En un país en el que la casi totalidad de la población laboral percibe salarios exiguos, los ahorros son necesariamente pequeños y, al jubilarse, esos magros ahorros tienen que dividirse entre el número de años que la empresa administradora considera que el ahorrante va a vivir, o sea, una cuota ridícula para cada mes.
Claro que, visto individualmente, el aporte de cada salario mensual es “nada”. ¿Qué son 10, 15 o 20 dólares para un señor multimillonario? Nada. Pero puede significar lo que se gasta en pago de transporte o la comida de varios días para toda una familia que vive con un salario mínimo.
Pero, si se toman como buenos los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que dice que hay 2 millones 858 mil 609 personas afiliadas a las AFP’s, mismas que están obligadas a entregarles un pago mensual para que les administren sus ahorros, las ganancias de esas empresas resultan fabulosas… sin que tengan que hacer ninguna gran inversión, además del gasto en sobornar a unos cuantos diputados y gobernantes para que les mantengan vigente la ley privatizadora de los ahorros de los proletarios.
Por cierto que toda persona que una vez se inscribió como afiliado para que se le quitara una parte de su salario y fuera depositada en una cuenta personal de ahorro para el retiro, no tiene chance de recuperar su dinero aunque pierda el trabajo y lo necesite. Lo único que cambia para esa persona es que deja de cotizar, o sea, de aportar para su retiro. Su cuenta de ahorro es “intocable” para el ahorrante, pero no para la AFP, pues ella le continúa dando una raspadita a los ahorros, por administrárselos. Deja de ser cotizante y se queda solo como afiliado, con “derecho” a que le hagan los cobros periódicos por costos administrativos y regalarle jugosísimas ganancias a los accionistas del negocio del siglo.
Contrastando, pues, en el sistema de reparto el Estado administraba las cotizaciones sin costo para el cotizante, mientras que bajo la Ley SAP el ahorrante sí tenía que pagarle un porcentaje a la empresa administradora por hacerle el favor de guardarle los ahorros.
Pero esa era la parte menos onerosa para los ahorrantes. Como se trataba de empresas privadas manejando ahorros privados de personas particulares, las empresas se aseguraban para no caer en pérdidas, bajo ninguna circunstancia, por lo que obligaba a los ahorrantes a tomar y pagar un seguro personal por cualquier contingencia del mercado… Claro que, por supuesto, asegurándose con las empresas aseguradoras de los mismos señores accionistas de las empresas administradoras de los ahorros donde los trabajadores estaban obligados a entregar su dinero.
Bueno, para ser justo y sincero, en realidad no era obligatorio entregarles el dinero. Solo en el caso que el interesado quisiera trabajar formalmente. Sí, así mismísimo, no es ninguna clase de sarcasmo. Si alguien se rehusaba a darle sus ahorros a otro para que se los cuidara a cambio de obligarse a sí mismo a pagarle una tasa de interés, simplemente y con entera libertad podía tomar el camino del desempleo o del empleo por cuenta propia o en el mercado llamado “informal”.
Hay que decir que los voraces tiburones dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) recibieron de parte del gobierno neoliberal toda la cartera de clientes frescos, o sea los cotizantes, los que están en el mercado formal devengando un sueldo mensual y se les puede quitar legalmente y con seguridad una parte del dinero que percibe.
Pero para no ser injusto con los pobres empresarios, el Estado se reservó la obligación de continuar pagando las pensiones de los que ya estaban jubilados. O sea, entregó a los ricos todos los derechos y les reservó a los contribuyentes la tarea de pagar con sus impuestos las pensiones de los retirados del mercado laboral. Negocio redondo.
Pero si aquella voracidad parecía algo exagerada, los dueños de las AFP ahora poseían empresas de alta calidad en el sistema financiero, con las que podían cotizar en la Bolsa de Valores, gracias a las nuevas acciones de las que ahora disponían o solicitar préstamos para capitalizar sus otras empresas o para invertir en nuevos negocios, con las enormes ganancias obtenidas a cambio de pagar una bicoca en sobornos para legisladores y gobernantes corruptos que les garantizaran leyes siempre favorables para el progreso de la nación de los más ricos. Eso es ser emprendedor y visionario. Por ejemplo, el papacito del actual presidente era dueño de más de 37 mil acciones en PROFUTURA, una AFP.
Sí, uno de aquellos agraciados, uno de esos feroces especímenes especializado en lucrar con dinero ajeno era el honorable señor padre del honorable señor presidente de la República de El Salvador. En la lista de accionistas de la AFP PROFUTURA su nombre aparecía como el primero, entre las personas naturales, después de tres personas jurídicas, en una enorme lista de socios.
Después, por esas cosas del libre mercado y de sus leyes invisibles de la mano misteriosa de la oferta y la demanda, que todo mundo sabe que son invisibles para el gran público, pero que tienen nombre y apellido y se les llama Don y Doña, un par de años después de ser cinco, se fusionaron en dos: CRECER y CONFIA (para que no se vaya a decir que no hay libre competencia) y se repartieron la clientela, mientras se morían los jubilados del anterior sistema o por lo menos la mayoría de ellos.
Hoy, veinticinco años más tarde, cuando casi no quedan sobrevivientes, a las pobres familias dueñas de las AFP les toca cargar con todos los jubilados, así es que se dieron una ley más moderna. Una ley que elimina el 1% que los trabajadores pagan por asegurar sus ahorros, y se sienten aliviados porque ese dinerito va para su bolsa (como si no ya era suyo desde el momento que lo había devengado trabajando).
Pero en compensación, también a los multimillonarios se les aumenta hasta el 1% el monto que los trabajadores les pagan por tenerles guardados sus ahorros.
Si, por esas cosas misteriosas y hoy tan frecuentes del mercado financiero moderno, a las empresas les da por quebrar, ni modo, las aseguradoras ya no tienen obligación de reponerles sus centavos a los ahorrantes pero, eso sí, las AFP habrán obtenido mayores dividendos mientras llega el día de la quiebra.
El día de la quiebra, super Estado va a hacerse cargo de pagar todos los platos rotos. A cuenta de las aportaciones solidarias de toda la población, la que paga sus impuestos y muy especialmente por concepto de consumo –IVA- el gobierno de bukele va a salir en defensa de la clase trabajadora consiguiendo préstamos para pagar pensiones y para seguir lucrando con sus bondades. Entonces va a nacionalizar las deudas y sus intereses, para que las paguen hasta los más miserables que solo alcanzan a comer tortilla con sal, porque esos alimentos también incluyen el IVA.
Pero la ley “regalo navideño” no solo no eliminó a las AFP, obvio, porque la familia bukele no iba a matar a su gallinita de los huevos de oro. No, solo eliminó los estorbos que le hacían un poco engorroso apropiarse de todo el ahorro de la clase trabajadora, sí, absolutamente todo, y ya sin ambages.
Esa ley, que en realidad son tres decretos: el que reforma la Ley SAP, el que crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y el que disuelve y liquida el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y crea la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligación Previsional (COP).
Con la Ley SAP existía la posibilidad de que el gobierno de El Salvador, tomara prestado un porcentaje del dinero que los trabajadores tenían depositado en las arcas de las AFP. Con la “reforma integral” ese techo fue eliminado para que bukele pueda tomar hasta el 100% de los ahorros.
Y para no tener tropiezos, en el ISP bukele se autonombró como el jefe máximo de todos los integrantes del Directorio: Un presidente, nombrado por bukele; un director, nombrado por el ministro de trabajo subordinado de bukele; otro director nombrado por el ministro de hacienda subordinado de bukele; otro director nombrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, subordinado de bukele; un director nombrado por empleados públicos, municipales y privados, subordinados de bukele; un director nombrado por los empleadores privados, dueños de las AFP -entre otras empresas-.
Por otro lado, a las AFP las controlan dos instituciones estatales cuyo jefe máximo es bukele: el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Ah, y no las eliminó como había prometido en campaña.
De esa manera, bukele ahora ya puede disponer de los ahorros de las personas que un día se vieron en la obligación de entregarle una porción de sus salarios de cada mes a una empresa privada, a cambio de conseguir un empleo formal… Y bukele ya lo hizo.
El 24 de abril, apenas cuatro meses después de que los diputados le entregaron a bukele la reforma integral de pensiones como regalo navideño, el señor presidente ya hizo uso de su derecho real. Las noticias propias y extrañas nos contaron que “El Salvador: Gobierno recorta USD$233 millones a fondo de pensiones para financiarse”[3].
En efecto, a fines del año presupuestal 2022 el gobierno de bukele mandó sus diputados -para su indiscutible aprobación- la Ley del Presupuesto General de la Nación 2023. En ella se establecía una partida de 570 millones 563 mil 652 dólares bajo el título “Financiamiento al Sistema Integral de Pensiones”, para todo el año.
Pero en abril les mandó la orden de que de ese fondo le hicieran efectivo y de inmediato un 40.9%, para sus gastos (y gustos).
Dicen los que saben de estas cosas que esa “reducción es síntoma de un posible impago a la deuda previsional, que afectará la rentabilidad del fondo de pensiones y los ahorros de los trabajadores”[4]
Ante esto, nuestro querido Carlos Álvarez Pineda, que hace 60 años encarnaba a Aniceto Porsisoca, nos diría “¡Yo te lo dije, Chele, yo te lo dije, jejeje!”.
[1] La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones fue promulgada por el Congreso de la República de El Salvador mediante el Decreto No.927, el día 23 de diciembre de 1996, y fue publicada en esa misma fecha en la edición del Diario Oficial No.243 del Tomo No. 233
[2] Tarasca, del Latín vulgar “tractiare”, del que deriva tarascada (mordida)
[3] “El Salvador: Gobierno recorta $233 millones a fondo de pensiones para financiarse”, por Gabriela Villaroel, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2023.
[4] Idem
