A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas a realizarse el 4 de febrero del próximo año, el proceso electoral está lleno de incertidumbres. A la fecha, poca certeza hay sobre el voto electrónico y el voto por Internet.
Sigue en el aire la posibilidad de que el oficialismo decida reducir, a conveniencia, el número de diputados y de municipios. No se sabe si la Asamblea Legislativa realizará cambios en la legislación electoral, luego de que se otorgara esta potestad al eliminar el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía realizar modificaciones en los 12 meses previos a la celebración de una elección. Pese a toda la propaganda y los esfuerzos por potabilizar la ilegalidad de la reelección presidencial, la candidatura de Bukele aún no se oficializa.
Para los que creen en la democracia y en el valor de la libre elección de funcionarios y gobernantes, así como en el profundo respeto que merece la voluntad popular, la integridad de un proceso electoral como el que realizará El Salvador en 2024 es de suma importancia. Como ocurre cada 15 años, entre el 4 de febrero y el 3 de marzo próximos se elegirán todos los cargos de representación popular: el presidente y vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa, los 262 gobiernos municipales y los 20 representantes de El Salvador en el Parlamento Centroamericano.
Son varios los cuestionamientos que ponen en tela de juicio la integridad del proceso electoral del próximo año. Uno de los más importantes es acerca de la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para organizar y realizar el proceso con la transparencia, independencia y confiabilidad requeridas para garantizar que sea justo y se respete tanto la ley como la voluntad popular. Declaraciones de los mismos magistrados del Tribunal han mostrado los conflictos y dificultades del ente para tomar decisiones, y son evidentes los retrasos que ello provoca en la adecuada organización de las elecciones 2024. Tampoco se observa en el Tribunal una genuina independencia respecto a las posiciones del oficialismo ni un interés por frenar los excesos y violaciones a la ley electoral de algunos partidos políticos, que han iniciado una campaña electoral adelantada, especialmente en el extranjero.
Igualmente preocupa que la votación en el extranjero se realice de forma legítima, transparente e íntegra, dado que la misma ley que le dio vida no prevé la vigilancia de los partidos políticos en contienda en las mesas electorales que se instalen en el exterior, así como se hace a nivel nacional. Un hecho que se suma a la forma en que se ha legislado el voto por Internet: quienes escojan esa vía tendrán mucho tiempo para votar y hará falta un verdadero registro electoral que asegure la identidad del votante y que solo pueda ejercer el sufragio una vez.
La integridad electoral, es decir que el proceso garantice el sufragio universal, se realice con transparencia y en igualdad de condiciones para todos los participantes de modo que el resultado responda a la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto, es fundamental para que los nuevos funcionarios ejerzan su rol legítimamente y con autoridad. Esta debería ser la principal preocupación del Tribunal Supremo Electoral, de los miembros de la Asamblea Legislativa y de todos los partidos políticos. Sin garantías de integridad electoral no es posible hablar de democracia, ni de respeto a la voluntad popular, ni de legitimidad en el ejercicio del poder.
Editorial UCA
