La parábola de los empresarios evasores

Las personas hacen crítica de la realidad con conceptos y razones, pero con frecuencia la narración de sucesos imaginarios nos ayudan a entender mejor los problema reales.

José María Tojeira

Un joven creativo e inteligente narraba una historia imaginada que podríamos llamar la parábola del empresario evasor, que nos ayuda a entender mejor tanto los abusos cometidos en el régimen de excepción como los falsos conceptos que se utilizan para defenderlo. El cuento dice así. Un Gobierno de un país cansado de la evasión de impuestos, con el apoyo de la mayoría parlamentaria y con el entusiasmo de la población mayoritariamente pobre, decidió promulgar una ley que permitiera encarcelar a los empresarios, gerentes y profesionales de salarios muy altos solamente por la sospecha de que evadían impuestos.

La acusación confidencial contra ellos servía para encarcelarlos por seis meses mientras se estudiaba si sus casos pasaban a instrucción. No tendrían derecho a visita familiar, estarían hacinados y se les exhibiría en calzoncillos largos rodeados de policías bien armados. Si alguno, o varios, de los detenidos resultara que eran inocentes, serían llamados “daños colaterales de la guerra contra la evasión fiscal”. Tras meter en la cárcel al último evasor fiscal, la evasión, que tanto daño hace a los países en vías de desarrollo (a veces llegando a unos niveles semejantes a los de la delincuencia), habría sido eliminada en el país imaginario.

Aunque esta historia nunca llegará a ser real ni lo pretende, podemos imaginar el griterío de los poderosos y las presiones que harían contra ese tipo de medidas. En realidad, es un cuento imposible, porque los que serían acusados masivamente de evasión suelen ser demasiado poderosos y tienen medios muy diversos para defenderse. Pero desde el punto de vista ético, tendrían razón: sería una situación intolerablemente injusta.

Y lo sería especialmente porque habría destrozado el Estado de derecho, además de dañar la economía, condenar y humillar a inocentes, etc. Esto no quiere decir que no se deba perseguir la evasión fiscal. Pero está claro que debe hacerse siguiendo los procedimientos de presunción de inocencia, indicios serios para una acusación, pruebas suficientes, garantías de defensa y, como suelen decir las Constituciones republicanas, “pronta y debida justicia”. Entre nosotros, la Constitución de la República en el artículo 11 tiene una excelente síntesis de derechos básicos en estos temas.

Aunque la historia narrada no ofrece un paralelismo exacto con el actual régimen de excepción, nos da, desde cierta semejanza, elementos de juicio. Porque lo que no es bueno para un sector de la población, tampoco es bueno para otro. Todas las personas tenemos la misma dignidad y nadie debería ser tratado como no quisiéramos que se nos trate. Desde la comodidad que da el poder del dinero, de la política o de cualquier situación privilegiada, se puede ver el abuso frente a los derechos de las personas en la persecución de la delincuencia como un mal menor que consigue un bien mayor.

El dinero y el poder dan seguridad y quitan sensibilidad, especialmente ante el dolor de los pobres. Pero más allá de la indiferencia de los afortunados, la tarea de construir el bien común no puede llevarse a cabo a base de dañar a personas inocentes o de violar derechos correspondientes a la dignidad humana, aunque simultáneamente se consigan efectos deseados. Corresponde ahora corregir errores, suprimir la arbitrariedad de un buen número de detenciones, restituir derechos y buscar soluciones laborales para quienes a causa de una detención de varios meses hayan perdido sus trabajos.

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