La seguridad ciudadana ha sido una conquista de los Estados democráticos, alcanzada a base de crear un cuerpo policial profesional, eficiente, con una disciplina interna seria, con salarios decentes y con una relación cercana con la población. Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia y España, por ejemplo, rondan la cifra de un homicidio por cada 100 mil habitantes.
Incluso países que han sufrido graves problemas de violencia en el pasado reciente, como Bosnia o Egipto, han logrado ese mismo bajo nivel de homicidios. En El Salvador, durante los años que lleva gobernando Nuevas Ideas, se ha bajado a 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes desde una cifra cercana a los 50 en 2018.
Una buena parte de la población lo entiende como un éxito y, por supuesto, el Gobierno presume de los datos y afirma que su modo de luchar contra la violencia es el más correcto. ¿Es en verdad así? ¿El método salvadoreño es el mejor? Si no lo es, se corre el riesgo de volver, pasado algún tiempo, a la situación de antes. El método salvadoreño ha consistido en el uso masivo de la fuerza, en desmedro de la inteligencia y la investigación.
No han importado los errores y las detenciones arbitrarias, que ya pasan de cinco mil, ni el acoso a ciertos sectores de la población, en especial a jóvenes de barrios marginales y de ciertas áreas del campo. Se ha conseguido el objetivo básico, muchas veces exigido por la ciudadanía, de bajar el número de homicidios.
A la Policía se le ha dado el derecho a decidir sobre la detención de una persona sin necesidad de investigación previa. Una denuncia anónima, un tatuaje, el lugar de vivienda, un antecedente policial, una simple sospecha o el nerviosismo producido por el interrogatorio de agentes y militares fuertemente armados se puede convertir en causa de detención. Una privación de libertad de varios meses acompañada de decisiones judiciales que pasan múltiples casos a instrucción sin contar más evidencia que la presunción policial de que los detenido están vinculados a pandillas.
El método es deficiente. La mejora de la investigación produce resultados estables y de largo plazo; en contraste, el uso de la fuerza y la arbitrariedad necesita un régimen de excepción permanente para dar resultados.
Los cercos de municipios y ciudades impresionan, pero no garantizan la no repetición de los hechos ni el surgimiento de nuevos brotes de criminalidad cuando la medida se levanta. Además, la masividad de la intervención militar y policial es cara, cansa a la gente por la restricción de libertades que conlleva y no desarrolla capacidad de mejora de procedimientos en la lucha contra el crimen. Y distrae y olvida otro tipo de delitos como los de cuello blanco, e impulsa a una migración cada vez más riesgosa. A la misma Policía la desgasta y la separa de la gente.
Por otra parte, es significativo que en medio de tanto anuncio de éxito en la lucha contra el crimen se produzcan suicidios de agentes en un número alarmante. Ante el asesinato de un policía es prioritario realizar investigaciones intensas, dar con los culpables y llevarlos a juicio. Pero dejar en el olvido la atención a agentes en crisis no es lo mejor que se puede hacer en la lucha contra el crimen. Sustituir la estrategia actual por formación policial adecuada, apoyo y desarrollo de la investigación, salarios dignos, disciplina interna y servicios adecuados, además de una mayor inversión en la población, daría resultados de largo plazo que posibilitarían que El Salvador se ubicara entre los países con mayor paz social.
