Todos conocemos cómo ha evolucionado el caso de la alcaldía de Soyapango, donde la descarnada corrupción que la titular desplegó mediáticamente impuso al régimen su detención. Empero el caso no se reduce a la corrupción de esta y su entorno; el caso supone en primer lugar una serie de denuncias que el personal de antiguo ingreso hizo públicas sobre los malos manejos de los bienes de la alcaldía.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
No solo la corrupción en la que degeneró la gestión fue expuesta públicamente por los quejosos, también el incumplimiento de pagos como la entrega de recursos para realizar las labores para las cuales este personal fuera contratado.
Al igual que en esa alcaldía, la mayoría de alcaldías con apenas excepciones, se encuentran enfrascados en problemáticas similares, donde algún grado de corrupción ha sido expuesto por algunos valientes trabajadores, así como la vulneración de derechos laborales, negación de salarios, y los malos manejos de los recursos a disposición de las autoridades del oficialismo.
Tales situaciones también se han extrapolado a todo el aparato estatal, donde se conocen de casos en los que el salario de algunas personas ha sido retenido, por razones arbitrarias generalmente, afectando las obligaciones financieras de estos, lo que ha derivado en daños a los récords crediticios, pagos de colegiaturas y atención de demás obligaciones derivadas.
Podemos notar que en esta delación no hemos referido causales que legitimen estas acciones, pues las motivaciones derivan de la ideológica, ya que en la práctica totalidad de casos los afectados exhiben un ideario diferente al de las actuales jefaturas, y en consecuencia son blancos de intolerancia y hasta desprecio.
Se conocen de casos en los que la negación de los derechos constituye un eje sostenido de estas autoridades, en las que claramente la intención ulterior es provocar la desesperación de los afectados y su renuncia. Hay otros casos en los que la agresión incluye no sólo la negación de derechos adquiridos laboralmente, también desoír los dictámenes judiciales que restituyen dichos derechos a los trabajadores afectados, confiados los agresores que representan los intereses intocables del ejecutivo y en consecuencia pueden hacer virtualmente lo que quieran.
Tales excesos y abusos se ha conformado en una marca que distingue a la presente administración y en razón del pobre calibre de sus funcionarios, elegidos en particular por su ausencia de credenciales, incluso entre los que en apariencia las poseen, y que como rasgo fundamental poseen un muy bajo umbral de tolerancia, manifiesto en particular en la incapacidad de sostener un pulso de ideas.
Por supuesto tales perfiles favorecen la rampante corrupción imperante denunciada no sólo por los trabajadores, gremiales y entidades independientes de la sociedad civil, además por organismos como la ONU, la OEA, y hasta financieras multilaterales, que por la misma razón deniegan ya nuevos financiamientos al estado salvadoreño.
Tal grado de decadencia sólo podrá empeorar si como sociedad, por desidia, comodidad o simplemente alegando” en temas políticos no me meto”, no participó, derivando en más corrupción y en consecuencia negando un futuro a nuestro pueblo.
*Educador salvadoreño
