Cristosal presentó su informe sobre el primer año del régimen de excepción, el cual ha documentado de marzo de 2022 a abril 2023, un total de 153 muertes bajo la custodia del Estado.
Cristosal presentó la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documentó prácticas de tortura sistemáticas al interior de los centros penales.
El informe detalla los casos de 153 muertes durante el primer año del régimen. De estas, cuatro corresponden a mujeres y 135 a hombres.
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, explicó que ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención.
La investigación de Cristosal revela que las muertes ocurridas bajo custodia del Estado fueron el resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas infligidas a las personas detenidas.
Cristosal señala que mediante fotografías y la información del propio Instituto de Medicina Legal, IML, se documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres.
Cristosal dijo que casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas.
Además, cerca de un quinto de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose incluso muertes por desnutrición, agregó Navas. El informe de Cristosal detalla decenas de testimonios y casos.
“La evidencia testimonial recopilada permite constatar la existencia de prácticas de tortura colectiva al momento de ingresar a las instalaciones penitenciarias”, dice la organización.
Cristosal hizo un llamado al Estado salvadoreño para que aclare las condiciones de los detenidos en los centros penales, respete el debido proceso, libere a las personas inocentes, responda por las muertes bajo su custodia, brinde toda la información necesaria a su familia y termine de una vez con estas prácticas amparadas en un régimen de excepción inconstitucional.
