En la diplomacia latinoamericana viene aconteciendo un fuerte enfrentamiento político del gobierno mexicano y el colombiano. El que encabeza a partir del golpe de Estado en Perú, es el de la señora Dina Boluarte.
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia, se han negado a reconocer a la mandataria peruana de facto como la presidenta legítima de ese país andino. Recordemos que el presidente Pedro Castillo Terrones estando en el poder padecía reiteradamente de fuertes acosos políticos y desestabilizadores de parte de los partidos opositores y grupos económicos antagónicos a su gobierno. Eran y continúan las fuerzas identificadas con las llamadas derechas peruanas, las que permanentemente atentan contra la legalidad. Si se prefiere, el presidente Castillo no era para nada bien visto por la tradicional oligarquía que controla el poder económico y político de ese país sudamericano.
Un elemento evidentemente racista y clasista, es que el presidente Castillo Terrones, cuenta con un auténtico origen campesino, es profesor normalista y a la par sindicalista del mismo magisterio y para colmo de esos grupos oligárquicos, Castillo contaba y cuenta con un amplio respaldo de los sectores populares insertos en las corrientes de la izquierda peruana. Específicamente en el partido Perú Libre que lo postuló a la primera magistratura y que logró derrotar en una segunda vuelta a la principal representante de las derechas peruanas, Keiko Fujimori. La justificación para quitarle la Presidencia ha sido la acusación de destituirlo por una pretendida “incapacidad moral permanente”. Sin embargo, en ese discurso se han ido sumando otras acusaciones de supuesta corrupción incluyendo a sus familiares. Su esposa e hijos se han exiliado en México con el respaldo y cobijo del gobierno mexicano.
El pasado 26 de mayo del presente año, el pleno del Congreso de Perú aprobó una recomendación para denunciar constitucionalmente al depuesto presidente por pretendidos delitos de corrupción. Fueron 61 votos a favor de la denuncia y 34 en contra y 4 abstenciones. Es decir, casi la mitad de los congresistas peruanos siguen obstinados en reprimir al presidente Castillo, a sus familiares y miembros de su gabinete. La persecución es simplemente una expresión de su odio y virulencia contra ese mandatario que ha contado con la mayoría del pueblo peruano. En tanto que los niveles de aceptación del Congreso y de la mandataria de facto son irrisorios y propios de una dictadura. “Boluarte tuvo la peor evaluación ciudadana en abril pasado, con una desaprobación del 77 % y una aprobación del 15 %, después de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país entre diciembre y marzo, y dejaron un saldo de 77 personas fallecidas y 1.300 heridas” (Newsroom Infobae, 14-05-23).
En ese contexto las acusaciones contra el presidente Castillo han tenido como argumento descalificador de su gestión, acusarla de corrupta e inepta. Ese ha sido un claro discurso falaz y recurrente, pero también se le ha dirigido a su vez para las izquierdas peruanas que lo respaldan e incluso, esas mismas descalificaciones también han sido orientadas a los mandatarios latinoamericanos como Gustavo Petro y AMLO. Tales denuncias del sector derechista del Congreso peruano y de la canciller de esa nación han llegado incluso al absurdo de casi romper las relaciones diplomáticas con México y Colombia. Por ejemplo, al expulsar al embajador mexicano del Perú por brindar refugio a la familia del presidente Castillo Terrenos. Como también la mayoría de los legisladores peruanos, identificados con rancias posiciones ultraderechistas, declararon al presidente mexicano y al colombiano como personas non gratas, por sus reiteradas críticas contra la mandataria de facto y también por su negativa a entregar la dirigencia del cónclave de la Alianza del Pacifico a la administración peruana.
Postura que también comparten los presidentes de Argentina y de Bolivia quienes han expresado su apoyo al destituido presidente Pedro Castillo. Al respecto el presidente Petro ha expresado: “En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos” (El Espectador, 18/02/23). En semejante sentido el mandatario mexicano llegó a expresar en sus entrevistas mañaneras en la televisión respecto a ese diferendo que la postura de los congresistas peruanos es defender “los intereses colonialistas”. Agregando AMLO que: “el pueblo de Perú es extraordinario y hermano”. Apuntando a su vez: “Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es no ir a Machu Picchu y desde luego ver a ese pueblo tan bueno. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno” (La Jornada, 27/05/23).
La calificación de ser el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso peruano, un régimen colonialista, se ha confirmado con la presencia en el territorio de esa república andina, de un amplio contingente de efectivos militares estadounidenses. Desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año, estarán realizando en territorio peruano marines de los EU “actividades de cooperación y entrenamiento” de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin duda, se conoce que esa presencia militar estadounidense, en la historia latinoamericana y caribeña, funciona como apoyo contrainsurgente cuando en algún país de la región el imperio y sus aliados locales, se combinan en sus operativos contrarrevolucionarios para hacer frente a las insurgencias populares. Tal como actualmente en el Perú la mayor resistencia al golpe de Estado de Dina Boluarte se ha desarrollado en el sur de su territorio, donde tendrán mayor presencia los militares de los EU. Esa injerencia atenta contra la soberanía peruana y latinoamericana, también incluye según la Resolución Legislativa Nº 31757, que el gobierno peruano autorice paralelamente la entrada de medios aéreos y náuticos procedentes de EU. Estamos ante una situación de evidente intervencionismo militar de una potencia imperialista que a mediano plazo pueda desatar un nuevo conflicto de baja intensidad en nuestro continente.
De ahí que la presencia de un gobierno golpista peruano, pueda llevar a un conflicto regional, el cual puede escalar la tensión en el área sudamericana. Especialmente frente al descontento popular que también se ha generalizado en Ecuador con las políticas ultra neoliberales de Guillermo Lasso. Mandatario que implantó la llamada “muerte cruzada”, que fue la disolución del Congreso, gobernar por decreto y convocar a nuevas elecciones generales este mismo año. Esto ha generado el incremento de la tensión política en Ecuador. Junto a ello, es evidente que la administración de Boluarte, tiende con la presencia militar estadounidense en el sur de Perú, a generar tensión con Bolivia. País que también tiene un mandatario y un Congreso progresista encabezado por el presidente Luis Arce Catacora que enfrenta los rezagos de los sectores golpistas de la derecha boliviana.
En ese sentido, la gestión de Boluarte aparece en el escenario latinoamericano como la punta de lanza de las derechas latinoamericanas tratando de desempeñar un papel desestabilizador. Situación que se refleja en su enfrentamiento contra los presidentes Petro y AMLO. Sin embargo, en nuestra región donde impera la vía democrática, predominan gobiernos democráticamente legitimados de corte centro-progresistas y conservadores (estos en menor medida) que no han resultado de golpes de Estado como es el caso actual del Perú. Nación donde más temprano que tarde, la oposición al gobierno golpista lo hará retroceder como aconteció en Bolivia. Hoy en día la exmandataria boliviana, la señora Jeanine Áñez, purga una dura condena por imponer un golpe de Estado. Escenario que de nueva cuenta es una lección para la oligarquía y los parlamentarios conservadores peruanos.
Fuente: TeleSur
