El mayor logro de esta administración es haber alcanzado una considerable reducción de los delitos, sin embargo, ello no supone haber conquistado la seguridad, pues si se levanta el estado de excepción, el crimen campeará tal cual lo hiciera antes.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Esto porque la seguridad como fenómeno real se constituye al consolidar una política integral que enfrenta con relativo éxito los delitos cuando estos se han consumado, como sumando las medidas dirigidas a prevenir el delito mismo, desde la familia, la institucionalidad, y por supuesto, enfrentando a la impunidad entre otros.
Y claro, ahí la gran deuda.
Esto podemos constatarlo al observar por ejemplo como la presente administración ha contratado a través de deuda, más recursos que los que tuvieron a su disposición las administraciones anteriores, y que no constatamos en infraestructura o inversiones cuyo coste sea equivalente.
Sumemos a ello la corrupción en la que ha degenerado la gestión en su totalidad como en todo nivel, y tenemos la ecuación presente, con los ciudadanos saltándose comidas, privándose de carne, o sin trabajo, pues ninguna gestión puede compararse a la actual por la pérdida de empleos originadas en la razón más arbitraria: opinar políticamente de modo opuesto.
Ahora con estos precedentes, nos pregunta el gobierno: “…para garantizar la seguridad alcanzada debemos elegir que es mejor: seguir invirtiendo en el aparato militar y en el statu quo vigente, o avanzar a un estado en el que esa seguridad sea parte de una política integral que suponga invertir en educación y salud de calidad, seguridad jurídica, institucionalidad, infraestructura, etcétera, volviendo viable a la nación”.
La segunda opción supone acabar con los privilegios que el régimen defiende y ha profundizado, con por ejemplo, las tacitas privatizaciones emprendidas bajo la figura de alianzas entre el sector público y el privado, lo que en la práctica ha transferido la gestión del recurso hídrico, sin ninguna intervención estatal, a privados, por hasta treinta años.
Si eso no es privatización, ¿Qué es?
Y qué decir de la sobre concentración de la riqueza [en torno al 75% del PIB de acuerdo a la banca multilateral] en apenas el 0,8% de la población, mientras el resto pierde en cada vez mayor número sus trabajos, promoviendo de nuevo la inmigración ilegal, aproximándose a los números de los días del ex presidente Flores, en la medida que el coste de vida aumenta exponencialmente, así como los delitos de corte patrimonial, las desapariciones de ciudadanos, y por supuesto, se profundiza el hostigamiento estatal derivado del propio estado de excepción, con sus detenciones arbitrarias y, los asesinatos de ciudadanos bajo la misma detención estatal.
Este escenario sencillamente no es sostenible y en consecuencia es cuestión de tiempo para que la población pierda el temor a las armas en manos de militares, y de nuevo sea la guerra.
Entonces, ¿Qué es mejor tanto para la República como para la población?, ¿invertir en conservar esta relativa seguridad que no es, o, en un futuro incluyente que suponga además la prevención integral del delito?
*Educador salvadoreño
