Doña Ana, nombre ficticio, recibió en su casa en Apopa, una notificación del FSV en la que se la anuncia que la cuota mensual que paga se incrementará el mes venidero en $10.00, respaldándose la entidad en el supuesto de “…la seguridad que goza el país aumenta ostensiblemente la plusvalía de la propiedad, por lo que la cuota acordada previamente se ajustará…”.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Recordemos que hablamos de Apopa.
Doña Ana es una de las personas, de las decenas de miles -alrededor de 20,000 en el sector público y algo más de 160,000 en el sector privado- que han perdido arbitrariamente su trabajo por malicia de esta gestión, lo que podemos apreciar en él sensible incremento de la migración ilegal de nuestros connacionales, que está rayando ya en los números que durante la gestión Flores padeció el país, y que podemos corroborar en las cifras que ofrecen las oficinas migratorias tanto de Guatemala, México y los propios Estados Unidos.
Otra evidencia de la inseguridad que supone la seguridad asegurada por el estado salvadoreño, lo patenta el incremento exponencial del ausentismo escolar, reflejado en las cifras del MINED que reconoce que hasta 6 de cada 10 niños en preescolar y primaria, no concluyen tales niveles, y que 8 de cada 10 educandos en las regiones más deprimidas del país tampoco concluyen tercer ciclo.
No hay información oficial de parte del MINED sobre este ámbito para el caso de bachillerato.
También la FAO ha realizado un llamado público al gobierno salvadoreño para que se comprometa mediante acciones concretas a desarrollar una política sostenible y “creíble” para acabar el hambre en el país, porque las cifras apuntan, a pesar de la negación del régimen, que amplios segmentos de la población ¡ya la padece¡, afectando principalmente a sus menores, pues sus familias carecen de los ingresos necesarios para asegurar la compra de alimentos en la cantidad y calidad necesarias para bien alimentarse.
Al igual que con el caso de los asesinatos en los penales bajo custodia y responsabilidad de agentes del estado, como los desacertados comentarios en los que el fiscal general asegura no ver problema en que ahí haya fallecidos, tampoco los funcionarios responsables del MINED como del MINSAL parecen advertir lo que supone para la actual generación de infantes en su primera y segunda etapa, prepúberes y púberes, crecer con marcada malnutrición, y las consecuencias para sus vidas como adultos.
Estos son solo 3 marcadores de muchos que evidencian no solo el que en el país padecemos una intencionada y marcada regresión en materia social, pues carecemos tanto de seguridad como de certeza jurídica, o de trabajo en consecuencia con los sesgos y prejuicios políticos del régimen, que priva de ingresos dignos a la familia salvadoreña para poder así atender las necesidades de sus miembros con propiedad.
No hay seguridad, solo reducción del crimen.
Sin seguridad plena, sin certeza jurídica, no habrá inversión, y sin ésta, tampoco empleos.
Y sin empleo, ni seguridad, ni certeza jurídica, no hay futuro.
*Educador salvadoreño
