Con lágrimas en los ojos, Silvia Medina se mostró angustiada, más de lo que ya está habitualmente, de que su hijo detenido durante la “guerra contra las pandillas” en El Salvador, sea juzgado en grupo, como parte de esas estructuras criminales, con lo cual se reducen las posibilidades de que salga libre.
Por: Edgardo Ayala
Si a su hijo, Manuel de Jesús Medina, de 29 años, le aplican la recién aprobada norma legal que permite esos juicios colectivos, a él se le haría más difícil recuperar su libertad, pues los fiscales no tendrían que individualizar su caso y probar que es miembro de pandillas, un delito según la legislación salvadoreña.
Los acusadores de la Fiscalía General simplemente lo incluirían en una “clica”, como se llama localmente a cada célula de los pandilleros, y lo condenarían por igual.
Justos por pecadores
“Tengo esa angustia, de que a mi hijo le apliquen esos juicios en donde van a pagar justos por pecadores”, dijo a IPS la madre, llorando, mientras mostraba un retrato de Manuel de Jesús, en la sala de su casa, en la colonia Fátima, una barriada pobre de la periferia de la ciudad de Cojutepeque, localizada a unos 37 kilómetros al este de San Salvador, la capital del país.
Manuel de Jesús fue detenido el 18 de enero de 2023, acusado de “agrupaciones ilícitas”, la figura legal con que la justicia salvadoreña establece la pertenencia a las pandillas o “maras”.
Actualmente el joven está encarcelado en La Esperanza, uno de los centros penales más grandes del país, en el norte de San Salvador, mientras espera ser llevado a juicio.
“Tengo esa angustia, de que a mi hijo le apliquen esos juicios en donde van a pagar justos por pecadores”: Silvia Medina.
Es uno de los 72 000 detenidos, hasta ahora, en el marco del régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, desde el 27 de marzo de 2022. Con lo que el mandatario llama “guerra contra las pandillas”, ha logrado desbaratar a esas estructuras criminales, con redadas policiales masivas.
Pero también se ha generado paralelamente un agudo problema de abusos policiales, detenciones arbitrarias y torturas dentro de las cárceles, entre otras violaciones a los derechos humanos constatadas por organizaciones de su defensa locales e internacionales.
Se desconoce el número exacto de las personas que han sido detenidas injustamente, pero las autoridades de Justicia ya liberaron a unas 5000, aunque en la mayoría de los casos no de manera plena, sino para que sigan el proceso en libertad.
Bukele responde a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos internacionales sobre los excesos de «la guerra contra las pandillas», calificándolas como “aliadas de los criminales”, al mismo tiempo que exhibe el muy amplio respaldo popular a sus medidas.
Y para complicar aún más las cosas, la unicameral Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante partido Nuevas Ideas, aprobó el 26 de julio un paquete de reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que, entre otras cosas, avalan los juicios colectivos.
Las enmiendas, impulsadas desde el Ejecutivo, están pensadas para procesar “con prontitud” los miles de casos de personas detenidas y que el sistema judicial, sobrepasado por la situación, se ve imposibilitado de llevar a cabo.
Bajo un solo proceso se podría llegar a incluir hasta 900 personas, bajo el criterio de que todos han participado de alguna estructura delictiva común y sin necesidad de que la Fiscalía presente pruebas individuales para los procesados.
El abogado Juan Contreras dijo en un programa televisivo que las enmiendas son herramientas dadas a la Fiscalía para agilizar los procesos, pero “el reto es cómo pruebo que efectivamente esas 900 personas que estoy metiendo en esa acusación (colectiva) de verdad forman parte de eso”.
Calculó que si se procesara a los 72 000 detenidos, en los tribunales actuales, se tendrían que realizar 18 audiencias diarias en cada uno, durante un año, algo que sería materialmente imposible.
Hasta ahora, se desconoce si ya se inició alguno de estos juicios colectivos o cuando sucedería.
Las reformas también alargan hasta 24 meses el periodo de investigación previa antes de presentar a un acusado ante un tribunal, y se incrementan de 45 a 60 años de prisión la pena máxima a pandilleros.
“He visto en las noticias que ahora quieren aplicar juicios donde van a meter a alguien en un caso grupal, y eso no me parece justo”, insistió la madre de Manuel de Jesús.
Según relató, el día de la detención de su hijo, un mecánico automotriz, fue a trabajar como de costumbre al taller, y hasta ahí llegaron los policías a capturarlo, acusado de ser “colaborador” de las pandillas.
Las llamadas anónimas infundadas
“Le dijeron que él era colaborador, que avisaba cuando llegaba la policía a la zona, pero eso es completamente falso, porque mi hijo no tenía ni teléfono celular como para estar llamando o escribiendo a alguien”, narró.
Describió a Manuel de Jesús como un muchacho “tímido, sencillo y humilde”, quien no gusta de presumir teléfonos, y que había decidido ya no tener uno de esos dispositivos porque los últimos que tuvo terminó dañándolos en su trabajo, al tumbarse en el suelo para reparar automóviles.
“¿Cómo pueden acusarlo de ser colaborador, que avisaba de la presencia policial, si él no andaba con un celular?”, se preguntó la madre.
Añadió que los policías que lo detuvieron aceptaron que, en efecto, el muchacho no tenía ningún teléfono, pero señalaron que así lo aseguró la persona que realizó la llamada anónima para acusarlo.
La madre dijo desconocer si la policía en realidad recibió esa llamada anónima, probablemente de alguien que quiere dañar a su hijo, o solo es una justificación para detener a gente inocente y dar la imagen de que están deteniendo a pandilleros.
Ahora la situación del joven, al igual que la de miles de personas capturadas, podría complicarse más si su libertad ya no depende de probar que él no tiene vínculos con pandillas, para lo cual la madre tiene los documentos que lo comprueban: constancia de trabajo y antecedentes penales y policiales limpios.
Ahora podría depender de si lo incluyen o no en una clica, la estructura de los pandilleros, lo cual sería atentatorio contra el debido proceso.
“Le rezo a Dios para que lo ponga en libertad”, dijo la madre, una cristiana evangélica. “Es durísimo por lo que estoy pasando”, se acongojó.
Entre las varias organizaciones internacionales que han criticado las reformas que dan pie a esos juicios, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) dijo que ello podría implicar que no se realice la investigación criminal adecuada por parte de la Fiscalía y que se atente contra el debido proceso”, comentó la organización, en un comunicado.
Y añadió: “Al no haber controles debidos, estas medidas pueden alcanzar a personas que no sean parte de las estructuras de las maras o pandillas”.
Sin atención médica en las cárceles
También una supuesta llamada anónima llevó a la cárcel a una maestra capturada en abril de 2022, en las inmediaciones de Jiquilisco, un municipio costero del central departamento de La Paz.
Pero después de 14 meses en prisión preventiva, esperando a que en algún momento la llevasen a juicio, fue liberada en julio, luego de que el juez de la causa dictaminara que ella puede seguir el proceso en forma domiciliaria, bajo restricciones, como presentarse al juzgado una vez al mes y no salir del país.
“El 7 de julio, a eso de las 6:30 PM, recibí una llamada en la que me manifestaban que mi esposa ya había salido, que estaba afuera (de la cárcel) y que podía ir por ella”, recordó, con alegría, el esposo, quien prefirió no revelar su nombre ni el de cónyuge.
“Fue una gran felicidad volver a verla y escuchar su voz”, dijo a IPS el esposo.
Él también mostró su preocupación por los juicios colectivos y la posibilidad de que gente inocente, como su esposa, sea incluida en una clica de pandillas y ser condenada solo por haber sido incluida en una estructura criminal, sin más.
“Es preocupante todo eso que está pasando, cada vez se debilita el debido proceso”, dijo.
Pero al mismo tiempo se mostró confiado de que su pareja saldrá libre definitivamente, pues el caso es tan débil para la acusación, que fue la misma Fiscalía la que pidió liberarla para que siguiera el caso en libertad.
El esposo narró que ella le ha contado que mientras estuvo en prisión, en la cárcel de Apanteos, en la ciudad de Santa Ana, en el oeste del país, vivió situaciones difíciles, como la falta de una alimentación adecuada y la falta de atención médica oportuna.
“Ella me contó que llevan a las personas detenidas al médico solo cuando alguien ya casi está muriendo”, narró.
“Si es por algo como fiebre o problemas estomacales o de hongos en la piel, no las llevan, y para curarse de problemas del estómago las personas comen pasta dental”, agregó.
Dijo que ella le contó que hubo una señora que fue llevada al hospital a una cirugía por una afección en el intestino. Luego de la intervención quirúrgica, regreso a la cárcel pero no se le dio seguimiento médico posoperatorio y volvió a complicarse su salud.
“Se la llevaron nuevamente al hospital, pero ya no regresó a la cárcel, y todos creen que murió”, sentenció.
Fuente: IPS Noticias
