El presidente Nayib Bukele está desmantelando servicios públicos vitales de los que dependen millones de salvadoreños y tomando medidas enérgicas contra los sindicatos que los defienden.
Por: Claudia Díaz-Combs
Dos veces por semana, Francisco se levanta temprano, recoge sus botellas, barriles y garrafas de agua, y conduce una milla para recoger agua de la junta de agua cerca de su casa en San Salvador, la capital de El Salvador. Las juntas son organizaciones comunitarias que gestionan la distribución de agua y el saneamiento, prestando servicios a alrededor de 1,5 millones de personas en barrios predominantemente rurales y periurbanos que no están conectados a la principal distribuidora de agua del país, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). La red de agua de El Salvador se ha vuelto cada vez más poco confiable, con interrupciones crónicas del servicio que afectan tanto a los usuarios de la junta como de ANDA a nivel nacional. Residentes como Francisco, a quien se identifica por su nombre para proteger su identidad, a menudo llegan a sus juntas para recoger agua y descubren que no sale nada de los grifos.
“Esta crisis del agua supone un importante deterioro físico y mental para los trabajadores”, afirma Francisco. “Nos obliga a levantarnos más temprano para conseguir agua de una junta más alejada o comprar agua embotellada en la tienda. Todo esto debemos hacerlo antes de ir a trabajar. Y todo es más caro. El agua se detiene, pero las facturas nunca”.
Rastrear el acceso precario al agua revela una tendencia más amplia que enfrentan millones de salvadoreños: altos costos, servicios públicos en declive y las constantes amenazas a los medios de vida cotidianos que plantea el estado de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora en su decimosexto mes.
El estado de excepción se declaró en marzo de 2022, después de que 87 personas murieran en un fin de semana cuando colapsaron las negociaciones secretas de las pandillas con el gobierno. Desde entonces, Bukele ha encarcelado a más de 70.000 personas sospechosas de actividad pandillera (en algunos casos basándose en pruebas extremadamente erróneas) y ha construido la cárcel más grande del hemisferio occidental para albergar a una creciente población carcelaria. Sus altos índices de aprobación y su enfoque agresivo en materia de seguridad le han permitido al presidente populista consolidar rápidamente el poder judicial, la asamblea legislativa y las fuerzas armadas de El Salvador.
En junio, el gobierno promulgó una legislación que reduce el número de municipios a nivel nacional de 262 a 44. Bukele cita la eficiencia y la anticorrupción como factores motivadores del cambio, pero los analistas políticos dicen que la reducción municipal es parte de un plan más amplio para concentrar aún más el poder en el gobierno de Bukele. favorecer y manipular municipios donde su partido obtuvo malos resultados antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Para los casi 900.000 trabajadores empleados en el sector público –y los millones que dependen de servicios públicos como la atención sanitaria, la educación, el agua y la gestión de residuos– la reestructuración municipal indica la eliminación de puestos de trabajo y un mayor deterioro de las instituciones públicas.
Reestructuración Municipal
FDespués del acuerdo de paz de 1992 que puso fin a la guerra civil de 12 años en El Salvador, sucesivos gobiernos de derecha implementaron reformas neoliberales que destriparon el sector público, privatizaron empresas estatales, despidieron a decenas de miles de trabajadores y desmantelaron algunas de las empresas más fuertes y militantes. sindicatos.
“El gobierno siempre nos vendió la idea de que la reestructuración y la privatización significan un mejor servicio”, dice Julio, un trabajador de la construcción en San Salvador. «Pero nunca nos dicen que costará más, nunca nos dicen que nos quitarán nuestros derechos y sindicatos, nunca nos hablan del desempleo».
Desde que asumió el cargo en 2019, Bukele ha recortado los presupuestos de las instituciones públicas y reducido el personal al despedir a casi 20.000 trabajadores del sector público en un esfuerzo por “ erradicar la corrupción ”. Sin embargo, la reestructuración municipal no aborda las causas subyacentes de la corrupción y muy probablemente encarecerá los servicios.
“La corrupción no se combate mediante la reducción municipal, sino mediante mayores controles administrativos”, dice Andrés Espinoza , ex funcionario municipal de San Salvador. «La austeridad presupuestaria afecta la capacidad de abordar los problemas comunitarios, y la gente esperará más tiempo para recibir servicios, posiblemente buscando instituciones privadas costosas».
Las medidas de austeridad también abren la puerta a la privatización. El Salvador no es ajeno a los esquemas de privatización: las telecomunicaciones, los bancos y la electricidad se privatizaron por completo en los años noventa. Los movimientos sociales salvadoreños etiquetan la Ley de Recursos Hídricos de 2021 de Bukele como una forma de privatización de facto, debido a disposiciones que promueven la mercantilización corporativa del agua. A pesar de que los salvadoreños exigen más inversión pública en infraestructura social y física como escuelas, hospitales y servicios de agua, la administración de Bukele ha ido socavando constantemente estas instituciones.
En abril de 2021, el gobierno cortó el financiamiento al Fondo de Desarrollo Social y Económico de los Municipios (FODES), que financiaba proyectos de desarrollo, becas, infraestructura hídrica y salarios de los empleados. Los fondos municipales se redujeron del 10 por ciento al 1,5 por ciento de los ingresos netos del presupuesto estatal, lo que provocó que los trabajadores del sector público enfrentaran meses de salarios atrasados y una infraestructura en ruinas.
Daniel, un maestro de escuela pública, dice que esta falta de inversión constituye “una lucha diaria por recursos vitales” para abordar las deterioradas condiciones de trabajo y aprendizaje. “En las escuelas, las tuberías de agua prácticamente han colapsado. A veces no tenemos electricidad. Las aulas se están desmoronando. Si no tenemos electricidad, o si un niño se enferma en la escuela por beber agua, el Estado simplemente nos dice que cerremos temporalmente la escuela”, explica.
Dada la trayectoria actual, es probable que las condiciones no hagan más que empeorar. Las políticas económicas erráticas de Bukele, como convertir Bitcoin en moneda de curso legal y gastar millones de dólares públicos en infraestructura de criptomonedas, junto con la lenta tasa de crecimiento del país , significan que el estado está al borde de la bancarrota y necesita desesperadamente flujos de ingresos. Recortar hasta los huesos el sector público para obtener ganancias financieras a corto plazo sólo provocará una disminución en la calidad de vida a largo plazo de los salvadoreños comunes y corrientes.
En respuesta, los sindicatos de El Salvador se han organizado para exigir que el gobierno pague a los trabajadores y financie la infraestructura pública y los servicios sociales. Los trabajadores sindicalizados, a su vez, se han convertido en el principal objetivo de la represión bajo el actual estado de excepción de Bukele.
Los ataques de Bukele al sector público
El desprecio del presidente por los trabajadores del sector público es evidente desde hace mucho tiempo, pero el estado de excepción presenta una nueva y peligrosa oportunidad para que Bukele intensifique su guerra contra los trabajadores. Líderes de sindicatos de docentes, sindicatos de trabajadores portuarios, operadores de imprentas y trabajadores de servicios de agua han sido encarcelados bajo los auspicios del estado de excepción, a pesar de que no hay una conexión clara con las pandillas. En enero de 2023, trabajadores municipales en huelga en varios suburbios de San Salvador fueron arrestados por exigir meses de salarios atrasados. Bukele buscó desacreditarestos esfuerzos de huelga acusando a los trabajadores de “amenazar el medio ambiente y la salud pública de los salvadoreños contribuyentes”. Bajo el estado de excepción, este tipo de retórica se utiliza como herramienta para justificar detenciones y silenciar las voces opositoras.
Los trabajadores también enfrentan amenazas cuando arrojan luz sobre una infraestructura en decadencia. Para llamar la atención sobre el abandono en el sistema de escuelas públicas, Daniel explicó que su sindicato fotografió las terribles condiciones de sus escuelas y las publicó en Facebook. “Por eso el Ministerio de Educación nos amenazó con sanciones si no retiramos las fotografías”, afirma. «No quieren que la gente lo sepa».
Lo que es más inquietante es que los sindicalistas han recibido visitas amenazadoras a sus hogares por parte de la policía y el ejército para intimidar a los trabajadores. “Amenazamos con una huelga porque el gobierno no nos había pagado durante meses y tenemos facturas caras. Después la policía vino a buscarme a mi casa”, dice un trabajador del sector público que prefirió permanecer en el anonimato por temor a su seguridad.
Los derechos laborales y los servicios públicos se están recortando masivamente bajo la administración Bukele, y los sindicatos temen que la reestructuración municipal traiga más represión. Los sindicatos, sin embargo, no dan marcha atrás. Los trabajadores están decididos a que unas instituciones públicas fuertes son fundamentales para una democracia sana, y atacar a los sindicatos que las defienden es un ataque a todos los salvadoreños que dependen de esos servicios públicos.
Los trabajadores contraatacan
tEl gobierno de Bukele está avanzando a toda velocidad por el camino de la austeridad y los trabajadores exigen mejoras en la infraestructura pública y aumentos salariales para seguir el ritmo del aumento del costo de vida. Se trata de exigencias costosas que el gobierno dice que no puede (o no quiere) financiar, por lo que los trabajadores han aumentado la presión.
En el lugar de trabajo, los sindicatos han utilizado huelgas y paros laborales para exigir aumentos salariales, pagos atrasados , reforma de las pensiones , mejores condiciones laborales y el fin de las violaciones laborales. Muchas de estas luchas están en curso, pero los trabajadores han logrado ganar algunas luchas clave. Doris, que prefiere ser identificada con un seudónimo, trabaja cerca de la Universidad de El Salvador. Describió los efectos de una tubería principal de agua que explotó cerca de su lugar de trabajo.
“Todos llevábamos semanas sin agua, igual que todos en el barrio”, explica. “Entonces, el sindicato decidió luchar para arreglarlo. Incluso apagamos nuestras máquinas para que los patrones vieran que hablabamos en serio”. Doris dice que la intervención fue efectiva y los gerentes luego llamaron a ANDA para que viniera a reemplazar las tuberías.
Fuera del lugar de trabajo, marchas encabezadas por trabajadores como el Día del Sindicalista Salvadoreño, celebrado el 31 de octubre, protestas en apoyo de una pensión digna y el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, atrajeron a miles de simpatizantes. Los sindicatos han unido sus luchas laborales con otras causas de movimientos sociales, exigiendo que el gobierno aborde la crisis del agua, ponga fin a la expropiación de tierras campesinas , libere a activistas ambientales encarcelados y otras personas inocentes arrestadas bajo el estado de excepción, y rechace la candidatura inconstitucional de Bukele para la reelección en 2024.
El papel de cualquier Estado es proporcionar bienes y servicios vitales. Si bien Bukele mantiene un estricto control de la seguridad por el momento, la vida cotidiana incluye una infinidad de necesidades. Cualquier esfuerzo por medir sus políticas más allá de las policiales demuestra cuán poco ha enfrentado la administración de Bukele la desigualdad y la precariedad económica, y las causas profundas del crimen que se remontan a los legados de la guerra civil que él intenta negar. En los últimos cuatro años, Bukele ha desmantelado esfuerzos muy reñidos para construir normas e instituciones democráticas, llevó la economía al borde del colapso, amenazó la libertad de prensa y fabricó registros para reprimir un enfoque fallido de la pandemia.
Y los servicios públicos han empeorado , a pesar de que la publicidad del gobierno indica lo contrario. Después de que la nueva ley de aguas entró en vigor, Bukele estableció la Autoridad Salvadoreña del Agua, o ASA , una junta administrativa que, según él , agilizará los servicios de entrega de agua para los salvadoreños. Sin embargo, la realidad del acceso al agua en la práctica pinta un panorama diferente.
Mientras esperaba una entrevista con un representante de ASA, fui testigo de cómo varias personas intentaban registrar su junta de agua ante la nueva autoridad para obtener permisos para el suministro de agua. Hablaron con media docena de empleados de ASA, cada uno más desconcertado que el anterior, quienes seguían pidiendo ayuda a los demás. Después de unos 20 minutos, los solicitantes del permiso se dieron por vencidos. Mientras se iban, escuché a uno de ellos comentarle a otro: «Hemos tenido esta junta de agua durante 20 años y nunca había sido tan confuso».
Las estrategias mediáticas de Bukele representan una ilusión de control que oscurece un proyecto de austeridad que continúa perjudicando a los trabajadores, deteriorando aún más las instituciones públicas y oscureciendo el proceso para asegurar los bienes públicos. En esta preocupante coyuntura, los trabajadores y sus sindicatos son algunas de las fuerzas más fuertes de la sociedad que luchan por defender los servicios públicos, exigir mejores niveles de vida y hacer que el Estado rinda cuentas ante el pueblo salvadoreño.
*Candidata a doctorado en la Universidad de Syracuse en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente. Su trabajo se centra en la política del agua, los movimientos sociales y el autoritarismo en El Salvador.
