Las desapariciones de personas se corresponden con lo personal, lo social, lo político y lo militar. Las últimas tres, son por definición Forzadas. Destaquemos primero que toda desaparición es por principio una herida abierta, una agresión dirigida contra la sociedad entera, contra la legalidad, por lo que mientras no es resuelta supone un sufrimiento indecible para la totalidad.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Se sucede así porque el poder necesario para sustraer y desaparecer a una persona implica algún rango de impunidad, lo que degenera en la capacidad de articular una realidad que se corresponda con los intereses del infractor.
Así, la psicología del terror cobra forma y se impone, haciendo de aquella sociedad, de aquella comunidad, de aquellas personas, cautivas de ese terror, y en consecuencia cautivas de los infractores.
En tal escenario el estado de derecho es improbable, inexistente.
Es inexistente porque al no poder la institucionalidad dar cuentas de estos crímenes, es superada, y al serlo, simplemente es anulada, por la desconfianza en la que cae ante la ciudadanía.
Así, la desaparición forzada de una persona, o varias, constituye, asimilémoslo, un atentado en contra del progreso social y los logros alcanzados, constituyéndose así un crudo retroceso, un retorno a la tribalidad, al estado primitivo.
Alguien dirá que lo padecemos desde siempre, pero ello solo confirma primero, que lo hemos como sociedad naturalizado, conformándonos insensibles a ese dolor, reduciéndonos así a una suerte de cómplices.
Por otro lado, también implica que la institucionalidad ha sido superada y es por tanto inútil.
Es claro que esto deriva en un constructo social crecientemente inviable, pues a su vez admite gradualmente toda suerte de crímenes, los cuales aumentan exponencialmente confirmándose así la inviabilidad de aquella sociedad.
Por supuesto no es la causal absoluta, siendo las más de las veces una consecuencia, lo que también implica la creciente desinstitucionalización del estado.
Así, la recuperación de la legalidad pasa por enfrentar esta aberración, restitución a los abducidos, resarcimiento a la sociedad, y el procesamiento de los responsables.
Esto último supone la admisión de la necesidad política de esta aberración, impuesta por las élites para distraer a la ciudadanía, como para evadir su responsabilidad sobre esta como todas las demás formas de criminalidad que admite, tolera y promueve.
Una cruda evidencia de ello es la actual campaña de supresión de pandillas adelantada desde el GOES, cuyo éxito, que debería revisarse objetivamente en algún momento futuro pues ahora lo nubla la amplificación que impone lo mediático, celebra exponencialmente la reducción de los delitos en general, obviando intencionalmente, las desapariciones forzadas y el hurto de bienes, que campean y prosperan.
Así la evidencia impone el hecho de que estos logros se corresponden con el agotamiento de las pandillas como interés a las élites, que ahora apuestan de nuevo en las fuerzas armadas su seguridad.
En definitiva, responder a las víctimas de este atropello no puede seguir aguardando, por lo que resolverlo es, debe ser el siguiente desafío a superar.
Porque las víctimas no son números, son hermanas, esposas, hijos, padres, ¡desaparecidos!
*Educador salvadoreño
