En el más reciente episodio de lo que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó “un golpe de Estado técnico en curso”, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) detuvo la suspensión del partido que lo postuló, Movimiento Semilla, ordenada en días pasados por el juez Fredy Castillo, a petición de la titular de la Fiscalía General, Consuelo Porras.
La medida, concertada por Porras, Castillo y el fiscal Rafael Curruchiche, es un intento de torpedear la llegada al poder del primer mandatario que se deslinda de la oligarquía política, militar y empresarial que controla el país vecino desde hace casi siete décadas –desde que el presidente Jacobo Árbenz fue derrocado, en 1954, por instigación de la CIA estadunidense–, ya sea por medio de dictadores castrenses o por medio de gobernantes civiles que operan como fachada.
La suspensión de Movimiento Semilla es sólo un capítulo de la guerra judicial que tiene como cabezas más visibles al juez y los fiscales mencionados, y constituye el más reciente intento de desvirtuar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 20 de agosto, cuando Arévalo se impuso por un amplio margen sobre la candidata de las derechas, Sandra Torres. Aunque la medida no afectaría la toma de posesión del presidente electo, programada para el 14 de enero del año entrante, los líderes del Legislativo, alineados con la oligarquía, esgrimieron la suspensión para desmantelar el grupo parlamentario de Semilla y declarar “independientes” a sus siete legisladores actuales. Por añadidura, de prosperar, la ilegalización del partido dificultaría la toma de posesión de autoridades municipales y parlamentarias de esa formación, la cual elevó el número de sus legisladores a 23.
Por otra parte, el empecinamiento de la cúpula oligárquica en impedir, o cuando menos obstaculizar hasta donde sea posible la asunción de Arévalo, ha desembocado en un conflicto a varias bandas entre el TSE, la Fiscalía General y la Corte de Constitucionalidad, instancias entre las cuales se va trazando un laberíntico camino hacia la sucesión presidencial inminente.
Pero si en las esferas legislativas y judiciales el destino de la democracia parece pender de un hilo, en las calles la ciudadanía, convocada por Arévalo, se ha volcado en defensa de los resultados electorales y en demanda de la renuncia de la fiscal golpista. Así, el sábado pasado, miles de personas se congregaron en la plaza central de la capital guatemalteca en apoyo al mandatario electo y llevaron a las oficinas de Porras una petición digital con más de cien mil firmas para que deje el cargo.
Es claro que la mejor garantía para disipar la amenaza de un golpe de Estado judicial en Guatemala es la movilización popular sostenida y creciente en los largos meses que faltan para que el hombre por el que votaron los guatemaltecos se ciña la banda presidencial.
Editorial La Jornada
