Una nube de 500 millones de dólares | La semana pasada nos estafaron, vilmente, otra vez.
Por: Carlos Juan Martín Pérez*
El oficialismo ha pretendido venderlo como la panacea de la innovación, la pieza clave para el progreso tecnológico no solo de las instituciones estatales sino de todo el país… un país, por cierto, con tremendos problemas financieros, tolerante y consumido por la corrupción, absolutamente reprimido por un régimen que ya es evidentemente permanente y con una emergencia alimentaria en ciernes.
¿Pero qué es en realidad esta “Alianza Estratégica”? Según el único documento público disponible, la recién aprobada Ley General de Modernización Digital del Estado, es un contrato plurianual de servicios con una transnacional, ni más, ni menos, y como el monto tenía que ser suficientemente jugoso para ambas partes, se tenían que saltar la legislación aplicable a las compras públicas (que establecen la obligación para el Estado de realizar contratos anuales de servicios y mediante procesos competitivos), es decir, hacer a un lado la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI) y la Ley de Compras Públicas.
Lo anterior no supuso ningún problema: la dócil manada celeste de puchabotones, sin mayor ni menor discusión, aprobó la ley (a sabiendas de que será declarada inconstitucional no más retorne la decencia a la Corte Suprema de Justicia) definiendo en su artículo 14 que ésta sería de categoría especial, lo que garantizará que no haya ningún obstáculo para su aplicación exclusiva.
Curiosamente, según lo que han dicho algunos funcionarios del gobierno y la propia empresa, en el convenio secreto se estableció que será por 7 años, pero dicha extensión temporal no está explícita en la ley. Lo que sí está, contante y sonante, es la cifra que se le pagará a la empresa (jocosamente denominada como “socio estratégico”): no menos de 500 millones de dólares según reza el artículo 4, esto por ofrecer sus servicios “en la nube”, es decir, por cuentas de correo y otras herramientas para el personal de las instituciones del Estado, algunas aplicaciones educativas para el Ministerio de Educación y tecnologías de inteligencia artificial de consulta para el personal sanitario (todo ello Software como servicio, o SaaS), así como hospedaje de plataformas o servidores virtuales para algunos sistemas (PaaS e IaaS).
Y bueno, todo eso eventualmente podría ser útil, pero discutamos:
1) ¿A cambio de qué? ¿Será que la empresa va a crear un gran centro de datos en El Salvador y empleará en él a cientos de salvadoreños/as? ¡Nada lo asegura!. Dice la ley, en su octavo considerando, que el gobierno ha suscrito una “alianza estratégica” es decir, el convenio con la empresa, pero éste no se ha hecho público… ¿por qué? y, por otro lado, ¿no hay nada en la ley que defina la contrapartida del “socio estratégico”? pues la respuesta es que no, leída la ley de cabo a rabo en efecto, aunque parezca increíble, no hay nada más.
Entonces, a lo sumo, según el comunicado de prensa de la empresa, ésta creará una entidad subsidiaria en el país y establecerá una oficina y “una instancia de la nube distribuida”… ¿cómo se come eso? fácil: https://cloud.google.com/distributed-cloud dice que es un portafolio de soluciones de hardware y software totalmente gestionadas para que se acceda a los servicios de Google o éstos se implementen en TUS centros de datos. O sea, a priori no parece que vaya a haber una inversión sustancial garantizada.
Cabe además analizar si tal iniciativa sería conveniente, si es que fuera cierta: el consumo energético y de agua de una instalación de servidores con una dimensión suficiente que compense con algún desarrollo tecnológico y un número de empleos decente provocaría un problema más que una solución para la población más humilde, por supuesto.
En cualquier caso, dejando al margen hipótesis un tanto ingenuas, una transnacional no realiza una inversión multimillonaria en un país gobernado por un personaje autoritario cuya popularidad y poder puede caer con estrépito y en cualquier momento. El “socio estratégico” viene a raspar la olla del presupuesto nacional, tanto y por tanto tiempo como se le permita… y luego, si te he visto no me acuerdo.
2) Además ¿son los servicios de Google la única opción para innovar en la administración pública? ¿Es la mejor opción… o siquiera es la más económica?
En un mundo cada vez más digitalizado y totalmente dependiente de las TIC, la inversión en estas tecnologías es fundamental para el desarrollo de cualquier nación, sin embargo, la elección de Google en exclusiva para administrar en la nube datos y servicios de la población salvadoreña plantea preocupaciones legítimas sobre la privacidad de los datos, la dependencia tecnológica y la falta de competencia en el mercado.
En primer lugar, la cuestión de la privacidad de los datos es primordial. Google es una de las empresas más grandes y poderosas del mundo en la recopilación y el análisis de datos personales. Al confiar sus servicios en la nube a esta empresa El Salvador corre el riesgo de exponer la información confidencial a posibles vulnerabilidades de seguridad y abusos de datos cuyas consecuencias no están descritas en la ley aprobada, pero además el Estado salvadoreño no está preparado para garantizar la protección de la privacidad de sus ciudadanos ¡si ni siquiera se ha tenido el valor de impulsar una Ley de Protección de Datos Personales!.
Además, la dependencia tecnológica es una preocupación sumamente importante: Al invertir exclusivamente en Google Cloud las instituciones públicas de El Salvador se convierten en un cliente cautivo de esta corporación, y la falta de diversificación de proveedores de servicios en la nube podría resultar en una posición de debilidad para el país en futuras negociaciones y un aumento potencial de costos a medida que la dependencia de Google vaya creciendo.
Otra inquietud es la falta de competencia en el mercado, pues al otorgar un contrato de esta magnitud a un solo proveedor se envía un mensaje inequívoco a todo el sector tecnológico de que las autoridades se venden al mejor postor y se impide la posibilidad de que empresas locales puedan participar en la expansión tecnológica de El Salvador como proveedores. Esto no solo reduce la competencia, sino que también podría limitar la innovación y el desarrollo tecnológico dentro del país.
Por último, pero no menos importante, está la cuestión del costo. 500 millones de dólares son una inversión muy significativa y es fundamental analizar si este gasto se justifica adecuadamente. ¿Existen alternativas más económicas o formas de invertir en infraestructura tecnológica que beneficien a un espectro más amplio de la población? Por supuesto que sí, de hecho El Salvador tiene abundante experiencia utilizando otras opciones tecnológicas muchísimo más costo-efectivas, particularmente aprovechando las capacidades del software libre.
En resumen, la inversión de El Salvador en servicios en la nube de Google es una decisión que merece un rechazo frontal. Si bien la modernización tecnológica es esencial, ésta no debe llevarse a cabo a expensas de la privacidad y provocando dependencia tecnológica o falta de competencia en el mercado, y menos a cargo de un gobierno que actúa con absoluta opacidad: el ocultamiento de la presente “Alianza Estratégica” es muestra perfecta de ello, y la vigilancia y el escrutinio público son esenciales para asegurar que este tipo de inversiones puedan realmente beneficiar a la nación y a su gente en lugar de crear costos y riesgos innecesarios.
*Miembro de ALAMES Margarita Posada
