Sabemos que la riqueza no es producida por el dinero, las acciones monetarias, ni las diferentes herramientas de trabajo o los impuestos recolectados por la hacienda pública, ni por ser una empresa pujante, entre otros factores de la producción, sino por las energías y tiempo utilizado para realizar una labor productiva—bien o servicio-.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Y ello sólo lo puede realizar la persona trabajadora, que para llegar a mejores condiciones de trabajo y de vida necesita la organización en sindicato; sin embargo, como fuerza de trabajo no somos valorados como tales y somos reprimidos por el marco jurídico—en su carácter administrativo y judicial. La legislación nacional e internacional en lo poco de favorable a la defensa laboral, la protección social y el desarrollo de derechos socio-laborales, no es lo suficientemente en pro, en tanto la empresa y los gobiernos pro empresariales ejercen su poder de dominio y represión sobre las masas trabajadoras.
Por otra parte, la lógica de presionar a quien produce la riqueza—la persona trabajadora— se debe a que de esa manera obtiene más plusvalía (trabajo realizado sin paga); y bajo procesos de acumulación de riqueza, organización del trabajo con carácter corporativo, controlador y vigilante de quienes hacen el trabajo que la produce, sin mejoras sustanciales de las condiciones laborales en materia de salarios, empleo estable, prestaciones progresivas y respeto cabal a los derechos laborales inherentes como persona trabajadora.
No obstante, lo producido, vendido y convertido en ganancia en un mercado impositivo, selectivo, y coercitivo de qué, cómo y dónde producir, termina por ser una riqueza sin distribuirse equitativamente entre quienes la trabajan (crean) y los dueños de los medios de producción, sino es planteada la labor productiva como un eje de acumulación para un grupo de corporaciones dominantes en formas monopólicas u oligopólicas, que se favorecen del mercado globalizado.
Por qué entonces deben reprimirse las diferentes acciones de las personas trabajadoras sindicadas y no sindicadas, en pro de la defensa de sus intereses, de sus derechos socio-laborales consagrados en las legislaciones democráticas que contienen en su base la justicia social. Sabemos que la construcción de derechos en materia laboral se trata de un derecho positivo y progresivo; con mucha sustentación jurídica en el principio de la realidad, el principio de protección identificado en la norma o la situación lo más favorable a la persona trabajadora, en igual forma en caso de duda el principio pro operario que recae en lo más favorable para quien trabaja y no para quien se sirve de quien le hace la producción.
El conflicto económico de intereses, continúa siendo reprimido de diferentes maneras y los diferentes grupos laborales se ven anulados en los procesos reivindicativos que impulsan ante el gobierno y patronos; conllevando a una crisis y estados jurídicos de indefensión. La responsabilidad recae en acciones de represión jurídica y de dominación de intereses por quienes detentan el poder en la empresa, los grupos corporativos y el gobierno de turno.
En el sector público, se impuso la acción arbitraria, sin tomar en cuenta el debido proceso, en tanto la idea de un Estado corporativo controla el órgano judicial, perdiendo la independencia judicial, a esto aunamos a los grupos sindicales venales que en lugar de reivindicar el estatus de las personas trabajadoras, se pliegan al carácter corporativo de la fuerza dominante; anulando su independencia y autonomía y que van reforzando la injusticia social, debilitando la razón de ser de los sindicatos.
Se han despedido cantidades de empleados públicos, argumentando el clientelismo político, sin embargo este continúa vigente en el ejercicio del gobierno de turno, los cambios en las leyes vía diferentes reformas y/o nuevas leyes, van rompiendo con las libertades sindicales ganadas en la progresividad dada por los convenios internacionales (87,98,135,151 y 154) a partir de su ratificación convertida en ley de la república, más sin embargo, la inoperancia y poca funcionalidad en la aplicación de la legislación por parte de los operadores de justicia, por hoy lo convierte a una situación laboral maniatada, que anula la democracia y la justicia social.
El sector privado igual, históricamente ha existido un abuso patronal y anulación plena de derechos consagrados a las personas trabajadoras, hay una oposición férrea a constituir organización sindical, en sectores bancarios y financieros—está prohibida—e igualmente en la nueva o diferente institucionalidad pública, por anulación, fusión y creación en virtud de reformas y/o nueva ley, condicionando al despido, inestabilidad y deterioro de los servicios públicos, por el truncamiento y situación laboral abortiva de la experticia alcanzada, ya sea por edad o por estar incorporado al derecho a estar afiliado al sindicato.
La represión actual lleva a una desprotección social, que evita y anula el ejercicio a derechos como estabilidad laboral, indemnización, fuero sindical, fuero maternal, pensionamiento, y derecho a libertad de expresión y de acción entre otros, por ser criminalizados por el actual régimen y sectores privados.
*Sindicalista salvadoreño
