Por el anuncio de Nayib Bukele, de inscribirse el día 24 de octubre del presente año, como candidato presidencial, se generará una crisis constitucional, aún mayor de la actual.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
A lo cual, habría que sumar, las protestas por las arbitrariedades ocurridas, durante el régimen de excepción y, la falta de fondos del Gobierno, debida a las condiciones internas, que no han permitido nivelar las finanzas públicas, ni con fondeo extranjero.
De darse la inscripción de la candidatura de Nayib Bukele, su inconstitucionalidad traería inicialmente sanciones directas, para los miembros del Tribunal Supremo Electoral, como las que ya sufren los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego, cerrará las pocas ventanas de fondeo (crédito internacional) que aún existen, complicando las finanzas del Gobierno.
La población en general, no resiente directamente, las violaciones constitucionales, pero sí, las consecuencias que se derivan de estas (disminución del PIB, mayor dependencia de las remesas y, una menor inversión extranjera), situación que se da, por la incomprensión de los procesos legales y la propaganda oficialista, que utiliza un proceso sobre retiro de derechos políticos, para promover la reelección presidencial, justificándola, aunque claramente inconstitucional; expresado en el considerando, de una Sala de lo Constitucional, cuyas actuaciones, son las del funcionario de hecho.
La carta dirigida al Gobierno, por Patricia Álvarez y a la que las redes sociales y el rotativo La Prensa Gráfica han hecho eco, el 21/octubre /2023, representa el clamor desesperado de una madre, cuyo hijo, se encuentra preso y con derrame cerebral, a causa de la supresión intencional de sus medicinas. Este clamor, es el mismo de miles de madres, esposas o hijos presos, por el régimen de excepción, aplicado, sin apego a las garantías procesales que la Constitución prescribe.
Tal reclamo humanitario, permite razonar sobre, la responsabilidad por los efectos negativos del régimen de excepción, los cuales recaerán sobre las autoridades directamente responsables de ejercerlo. La tendencia del presente Gobierno, es descargar responsabilidad de sus actos.
La corrupción durante la pandemia, ha sido ahora descargada en Juan Pablo Duran. La responsabilidad por las capturas arbitrarias y las muertes en los penales, será descargada en las autoridades militares, policiales y de Centros Penales.
Cada una de estas descargas de responsabilidad, acarreara una nueva crisis, pues el circulo en derredor del presidente Bukele, será más reducido y quienes le sirvan, pensarán ¿cuándo seremos nosotros, las víctimas?
La pugna interna dentro de Nuevas Ideas, llevó a la cárcel a Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, quien incondicionalmente, sirvió a Nayib Bukele, siendo luego acusado de terrorismo, para encajar al tipo penal, dentro de las modificaciones penales del régimen.
Juan Pablo Duran y Carlos Cáceres, también sirvieron al régimen actual y, han sido destruidos civil y físicamente, a tal grado, que son incapaces de acusar al régimen por su corrupción. Igual suerte corren sus opositores: Ernesto Muyshondt, en el hospital psiquiátrico y Catalino Miranda en la cárcel y sus bienes, incautados.
Los niveles bajos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, son quienes reciben los mejores sueldos del Estado, en relación con sus sueldos tradicionales y de acuerdo a su capacidad productiva, por lo que están conformes con el régimen, pero el resto del estamento público, no lo está, pues son sometidos a presión política o despidos. Los proveedores del Estado, al no cancelárseles lo adeudado, financian al régimen.
La intención del régimen, es buscar apoyo en países autoritarios (Rusia, China, Ruanda etc.), pero quiere la ayuda económica de Estados Unidos y Europa. Al pretender utilizar el terrorismo de Hamas, para justificar la permanencia del régimen de excepción, se queda sin el apoyo de unos y de otros y si reduce, su círculo de allegados, se desestabiliza más.
