La economía criminal, es un conjunto de actividades económicas, del mundo ilegal, que guardan relación, con el financiamiento de estructuras delictivas, de alto rédito económico y, con diferentes formas de violencia y corrupción; su influencia, moldea y determina los acontecimientos políticos, por sobre las ideologías y el Bien Común.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
La reciente captura en México, de pandilleros (el “Crook” y otros más), puso al descubierto en El Salvador, la influencia del crimen organizado, en las estructuras formales de poder. Su liberación excede la influencia de un Juez de la causa o, del sistema penitenciario. Y responde su liberación a altos intereses económicos, de naturaleza delictiva, que, determinan la política en El Salvador y, el proceder de su institucionalidad actual.
Según voz populi y así se asegura en el extranjero, la razón del pacto con las pandillas se debe a la manipulación del sistema político, en favor de estos intereses. Según estudios, el pacto con las pandillas, iniciado con Mauricio Funes, ha pasado por varias etapas: la primera: en utilizaron como un elemento político y de justificación ideológica, que captara los votos para un triunfo eleccionario y asegurar, al crimen organizado, su libre acción en el territorio, hasta llegar al control de acciones gubernamentales. Existe ahora, una asociación entre Gobierno y crimen organizado.
Un ejemplo, es el régimen de excepción, que ha capturado a pandilleros, pero dejando aún en libertad a 43,000 de ellos, por encontrarse acorde con el oficialismo o éste, acorde con los intereses de las pandillas. Encarcelando a muchos inocentes para preservar las aparencias. Sin embargo, los beneficios económicos del crimen, logrados con dicho pacto, al correr del tiempo, son insostenibles: al ser la delincuencia un modo de subsistencia en crecimiento y, degradar las condiciones nacionales, en aras de mantener la apariencia de normalidad (Miss Universo, la inauguración de la Biblioteca Nacional y una presa hidroeléctrica) no han podido satisfacer las necesidades sociales, razón por la cual, se aprecia un resurgir de las extorsiones y delitos menores, que están relacionados, con el patrimonio.
El ocultamiento de hallazgos de fosas clandestinas o, las noticias falsas, como el anuncio de que el Banco Mundial ha otorgado un crédito de $ 200 millones para la reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel (se recomienda ingresar a la página web del Banco Mundial, donde no se hace mención a dichos préstamos, pero sí, a un crédito para el mejoramiento vial, otorgado antes de la actual situación económica del país). Toda esta publicidad, basada en noticias falsas, no oculta la realidad del país: que la política del Gobierno, está dirigido según los intereses del crimen organizado.
Los diferentes controles que pudiesen establecerse, sólo funcionarían si los intereses del Estado estuviesen dentro del Estado de Derecho, persiguiendo el Bien Común, pero si el mismo Estado, es el que está al servicio de una economía criminal, es imposible que los controles de lavado de activos, puedan funcionar o, sólo funcionan, según sea el interés de los grupos criminales mayoritarios.
Prueba de ello, es la adopción del Bitcoin, como moneda de curso legal, pero sin estar sujeta a ningún control. La propaganda es que es para dinamizar la economía, lo cual no ha sucedido, pero sí nos ha acarreado sanciones por su adopción, y permite el lavado activos y, el financiamiento del terrorismo.
La falta de financiamiento estatal, como pago de la deuda política, para dinamizar la actividad política, ha sido sólo para los partidos de oposición, mientras que los oficialistas si lo tienen, pero al indagar sobre sus fuentes, puede apreciarse que no vienen del gobierno, sino de otras fuentes o directamente, del crimen organizado.
