El DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN, consiste en la capacidad de los pueblos, para decidir sobre su destino político. Incluye decidir sobre secesión o unificación y determina el grado de conformación de las instituciones. Este principio se encuentra en el Artículo 89 de la Constitución: es principio universal de Derecho Internacional.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El presente Gobierno, desde su inicio, ha insistido en que, la voluntad popular, expresada de manera pública, en las encuestas y redes sociales, legitima los actos públicos, aunque estos impliquen, un rompimiento de la Constitución. Tal argumento, ha servido para el cambio institucional, en cuanto a sus funciones de fondo, cambio que ha permitido la remoción de la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el decreto perpetuo de régimen de excepción y, el nombramientos de extranjeros, como delegados presidenciales etc.
Las candidaturas de Nayib Bukele y Félix Ulloa, a la reelección, permaneciendo ambos en el cargo y, la posibilidad de que un pariente, sea nombrado como Designado Presidencial, sólo es posible, porque lo justifica la aceptación popular, convirtiéndolo, en una figura supraconstitucional, no acorde con ningún principio constitucional moderno: excede el derecho a la libre determinación, invocada por el presidente Bukele, en reuniones diplomáticas y alocuciones públicas.
De cualquier manera, no es reconocida por la libre determinación de los pueblos, la posibilidad de cambiar la forma de Gobierno – apegada al republicanismo y la democracia, expresada en un Estado de Derecho – por otro distinto, que disminuye los derechos inalienables de la persona, como la vida y la libertad, de los cuales, depende la existencia, de otros derechos, como la integridad física y la propiedad privada.
La pretensión de reelección, tiene la finalidad de legitimar a posteriori, un Gobierno, que ha hecho de su estructura política, integración con el crimen organizado: así esta elección presidencial, posee una dimensión, mucho mayor que la reelección.
Una estructura política, protectora de los mareros, que utiliza la fuerza, como forma de control social y, el ocultamiento de información, como medio de manejo de los fondos públicos, fuera del control institucional y, de la opinión pública, carece de la moralidad propia del funcionario, que pretende reelegirse, utilizando la formalidad de la elección.
En condiciones como las que vive El Salvador, las elecciones, carecen de valor político, pues se solicita una votación, que puede ser controlada por los mareros y en segunda instancia, se pide que la Fuerza Armada, sea política y el Ministro y Director de la PNC, han jurado lealtad al presidente y no, a la República.
Las acciones de los partidos opositores, son de ceñirse a los procesos legales, pero no respetados por el oficialismo, lo cual impide una campaña en igualdad de condiciones, por la que, el resultado de las mismas, es dudoso, en cuanto a la legitimidad que pretende lograr el Gobierno.
La inscripción a la reelección, de Nayib Bukele y Félix Ulloa, carece de la moralidad y legalidad necesaria, que exige la ley, pues un pacto con las pandillas, para darles protección y que sus delitos en el extranjero, no puedan ser perseguidos, es lo que se está decidiendo hoy en El Salvador.
La libre determinación de los pueblos, no puede legitimar al crimen organizado, ni servir de justificación, para que el ciudadano, pierda sus derechos anteriores y superiores a la existencia del Estado.
Léase el Artículo 1, del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. (ONU, 1966) y se entenderá el engaño jurídico del presente Gobierno..
