En su tercera comunicación nacional sobre cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce serios riesgos para la población de El Salvador, especialmente en la franja costera oriental y en las zonas marginales de San Salvador.
Tanto ante sequías como ante inundaciones intensas, ambas amenazas del cambio climático, hay una fuerte vulnerabilidad en hogares y familias. La infraestructura agrícola y los sembrados también están en riesgo. Un estudio de este año de la Cepal afirma que las pérdidas por desbordes de ríos aumentarán un 13.5% en 2030 y 23.4% en 2050.
Prevenir es mucho más importante que lamentar, pero no se ven planes para proteger los cauces de los ríos, establecer zonas de vivienda seguras y preparar y mantener bordos. Además, las alzas en la temperatura reducirán la productividad laboral.
Aunque en estudios de la FAO El Salvador aparece con una vulnerabilidad agrícola menor que la de otros países de Centroamérica, la impresión es que no se está preparando adecuadamente para lo que viene. Si el futuro se corresponde con lo que la FAO llama “escenario negativo”, para el año 2050 prácticamente en todo el istmo descenderían enormemente las posibilidades de cultivar plátanos, arroz, maíz y café.
Para El Salvador, que ya de por sí es un importador neto de productos agropecuarios y que está sufriendo la despoblación del campo, el panorama no pinta bien.
Hay escasa evidencia de que el país esté trabajando para adaptarse a los cambios climáticos. La reforestación de algunas montañas que han perdido su vegetación, una tarea clave para la protección ante el aumento de la temperatura y para almacenar y retener el agua subterránea, no camina al ritmo que debiera.
Además, El Salvador no está técnicamente preparado para una recuperación rápida de eventos climáticos desastrosos. Por ello, es mayor el riesgo de que con los desastres aumente la desigualdad ya grave. El hecho de que no se respete a los defensores del medioambiente ni se haya firmado el Acuerdo de Escazú multiplica el peligro de que continúe la degradación medioambiental. Las facilidades dadas a algunas constructoras de viviendas tampoco ayuda en nada.
El papa Francisco, en su encíclica Laudato si, afirma que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. En el país, cerca de un 30% de la población vive en pobreza, a lo que se suma que un 40% de los salvadoreños está en situación vulnerable.
Las divisiones políticas creadas por la inconstitucional reelección presidencial, la propaganda, la falta de diálogo y el discurso de odio contra toda persona que contradice la versión oficial de la realidad no favorecen la implementación de acciones nacionales de protección ambiental. Para que las cosas no vayan severamente hacia peor, urge contar con planteamientos y proyectos estatales que gocen de amplio consenso. (Editorial UCA)
